Luvis Hochimín Pareja|
El anuncio hecho por el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou de que recibió el aval de China para iniciar negociaciones para acordar un Tratado de Libre Comercio entre ambos países, hizo temer el fin del Mercado Común del Sur (Mercosur). Tratado de integración subregional sobre el que avanzaron el último fin de semana los dos grandes del grupo, Argentin y Brasil.
Mientras los funcionarios uruguayos trabajan con hermetismo en el primer paso definido hacia la firma de un acuerdo: los estudios de factibilidad, mientras los cancilleres de Argentina y Brasil avanzaron en acuerdos que revitalizan el Mercosur, cuando cundía la preocupación por el desconocimiento uruguayo de las normas del acuerdo subregional que ya cumplió 30 años.
Obviamente, la capacidad negociadora de un país en desarrollo de menos de tres millones y medio de habitantes es amplificada cuando negocia en bloque, actuando a través de plataformas como el Mercosur. Pero Lacalle prefiere hacerlo solo, desprendiéndose de acuerdos con sus socios mayores, e incluso con Paraguay, condicionado por sus acuerdos con Taiwán.
Lacalle no oculta su apuro, pensando en que habrá elecciones en Brasil el año próximo y ya no tendrá el apoyo de Jair Bolsonaro en los intentos de bombardear el Mercosur y cualquier intento integracionistas de la región.
A ello hay que sumar los conflictos que seguramente surjan de cara al referéndum para anular la ley de urgente consideración –avalado por la firma de más de 700 mil uruguayos- y a las naturales discordias de la coalición “multicolor” derechista, que eventualmente desequilibrarían la administración del mediático Lacalle.
De la lectura de lo dicho por el gobierno, no se busca favorecer a sectores que fomenten el empleo de calidad, sino que se busca continuar la primarización de la economía uruguaya, porque es a esos sectores primarios a los que el gobierno actual representa.
Un punto de conflicto, no ligado a la realidad local, es qué ocurrirá en el Mercosur en caso de que Uruguay avance en un TLC con China. La posición de Argentina permanece incambiada y, si bien hay disposición a aceptar que Uruguay negocie alguna preferencia comercial para exportar a China, se mantiene la negativa a un TLC, en el entendido de que perfora el bloque regional.
Argentina entiende que la regla del consenso para las definiciones del Mercosur está vigente y que una negociación individual como la que realiza Uruguay va contra la normativa.
Un mes atrás los más de 18 mil kilómetros que separan a Uruguay de China parecieron reducirse y el gigante asiático se volvió tema de debate en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en el parlamentos, donde se sumaron ingredientes como las visiones sobre el sistema político chino, la relación comercial, en notorio crecimiento por las exportaciones de bienes primarios.
Pero sobre el debate se centró en los potenciales beneficios e impactos de concretar un tratado de libre comercio (TLC), aunque acusado de desviar con el supuesto TLC con China los problemas internos del gobierno, hoy la definición oficial es no hacer declaraciones sobre el tema hasta que haya concreciones, ya que de fondo –se excusan- hay un acuerdo sobre la confidencialidad de las conversaciones.
El canciller uruguayo Francisco Bustillo se refirió al tema dos semanas atrás, cuando informó que ya se encontraba trabajando un equipo técnico liderado por la Cancillería y el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene por cometido evaluar impactos por sectores de actividad. “Le hemos solicitado a cada ministerio que identifique puntos” relevantes para trabajar en cada área, dijo.
El equipo incluye a representantes de las carteras de Industria, Ganadería, Ambiente, Educación y Trabajo y el objetico es definir el marco o contexto sobre el cual se va a negociar, y el plan es culminar estos estudios antes de fin de año para que en 2022 “ya comiencen las negociaciones”, indicó Bustillo.
El coordinador del grupo de trabajo es Fernando López Fabregat,un diplomático de carrera con más de 35 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores, personaje de extrema confianza del canciller, que se desempeñaba como jefe de Gabinete de la Cancillería y director de Asuntos Políticos.
El trabajo es a contrarreloj: debe expedirse antes de fin de año y ambos gobiernos deben aprobar 100% del contenido del estudio de factibilidad, lo que significa ponerse de acuerdo en la metodología, luego en los números y después en las conclusiones.
En otras palabras, tras la bravata presidencial, el gobierno uruguayo se vio en la necesidad de definir qué prioridades llevará a la mesa de diálogo con China en virtud de su realidad comercial. Cuente o no cuente con buenos negociadores, las evidentes asimetrías de poder entre ambos países caracterizarían cualquier acuerdo. ¿Qué margen tiene Uruguay para negarse a cláusulas que consideren perjudiciales las autoridades?
Mientras, se estudia, a qué sectores de la actividad local se verán afectados por los impactos de un TLC, que básicamente lo que posibilita es la reducción de los aranceles –tasa que se cobra a las importaciones– por partida doble, para exportar productos a China y para el ingreso de mercadería de ese país a Uruguay.
El tema preocupa tanto a empresarios como a trabajadores, y es seguido de cerca por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y por el PIT-CNT, por sus coletazos en materia de empleo. La CIU contrató un equipo propio que trabajará en el estudio de factibilidad, liderado por el economista y exministro de Energía chileno Andrés Rebolledo, ex embajador en Uruguay y que paticipó en la negociación del TLC engtre Chile y China en 2005.
El presidente de la CIU, Alfredo Antía, dijo en esa instancia que con esta negociación comercial Uruguay “quizás está escribiendo una de las páginas más relevantes” y la pretensión es que también lo sea “para la industria en general”. Para Antía hay “una posición institucional” del sistema político, refrendada por gobiernos de distinto color, “de recorrer el camino de la apertura comercial y la complementariedad con China”.
Advirtió que “tenemos debilidades” y dijo que la industria local sufre problemas de competitividad por los costos internos y la escala del mercado; entonces, “con el hecho consumado” de una negociación con China, “debemos obligarnos a un cambio y pedirle al gobierno que haga lo imposible para que al abrirnos al mundo esto obligue al Estado uruguayo a brindar condiciones de mayor competitividad”.
El secretario de Relaciones Internacionales de la central única de trabajadores PIT-CNT, Fernando Gambera, destacó la preocupación original “que es el cuidado de la integración regional. Probablemente pueda haber beneficios en la hipótesis de un acuerdo comercial con China, pero eso puede ser catastrófico para algún sector que emplea mano de obra y vende con valor agregado” a los países vecinos.
La central sindical tiene a técnicos de su Instituto Cuesta Duarte “pensando y evaluando” la situación de un TLC con China, y prevé consultar a organizaciones de la sociedad civil y la academia. “Jamás esos tratados tienen elementos que atiendan las asimetrías entre quienes negocian”. La forma de atenuar eso, subrayó, es “negociando con las grandes potencias desde un bloque regional”, dijo Gambera.
Añadió que un TLC con China impactaría “en lo poco de industria manufacturera y con valor agregado que nos queda”, pero sostuvo que “quizás todos juntos, la sociedad, llega a la conclusión de que los beneficios serían mucho más grandes”. En ese sentido, indicó la relevancia de “generar conciencia colectiva” sobre el tema y tomar decisiones “más cercanas a una política de Estado, que esté más allá de las instancias electorales”.
Para los sindicalistas, hay que partir de algunas premisas como la defensa de la integración regional como plataforma para negociar, el “rechazo al formato de TLC, porque de libre comercio no tiene nada, y menos de cooperación”, y “la reivindicación de que todos los actores de la sociedad tengan acceso a datos y números sobre la negociación para hacer todos juntos un estudio de impacto”.
Más allá de que el gobierno dijo que convocará a los sindicatos, Gambera aclaró que desde que se realizó el anuncio del inicio de las negociaciones con China no hubo ningún mensaje acerca de cómo se procederá. Lo que no quieren los trabajadores, remarcó, es “que nos den los resultados” de los estudios previos “después de que ya está todo” resuelto. Respecto de las razones del rechazo a negociar bajo la modalidad de un TLC, sea con China, Estados Unidos o la Unión Europea,
Brasil, Argentina y el Mercosur
El fin de semana, el gobierno argentino dio el primer paso para restablecer plenamente las relaciones comerciales y en proyectos de infraestructura y desarrollo con Brasil y el Mercosur en su conjunto. El canciller Santiago Cafiero viajó a Brasilia, donde mantuvo encuentros y cerró compromisos con su par brasileño, Carlos França,
El vínculo había quedado averiado tras varios cruces con el gobierno de Jair Bolsonaro, pero también tras las diferencias expuestas entre Argentina y Uruguay en torno a la insistencia uruguaya de que cualquier país individualmente y al margen del acuerdo regional, pudiera negociar con un tercero un tratado de libre comercio. Argetina evalúa que el planteo de Lacalle estuvo motivado en un eventual acuerdo con Estados Unidos.
Los cancilleres França y Cafiero «convinieron trabajar con Paraguay y Uruguay para la pronta aprobación de una Decisión del Consejo del Mercado Común que permita reducir en un 10% las alícuotas de la mayor parte del universo arancelario, saldando el debate en torno a cierta flexibilización del Mercosur, avanzando en la reducción del arancel externo común para una amplia gama de productos, y evitar el peligro de desintegrar el Mercosur.
Argentina defendió que entre las excepciones a la rebaja arancelaria, se considerara la condición de «trabajo intensivo» en la producción de sectores como el automotor, el textil y el del calzado, con el fin de resguardar el trabajo y el empleo argentinos. Asimismo, en Brasilia se analizó la venta de gas por parte de Argentina en el mercado brasileño y convocar a la mayor brevedad la Comisión Técnica Mixta a cargo del proyecto hidroeléctrico binacional de Garabí, en el tramo compartido del río Uruguay.
Argentina ya anticipó que no está de acuerdo con la propuesta de Uruguay de flexibilizar el Mercosur y ya ha demostrado su descontento con el avance en las conversaciones con China para un posible TLC bilateral. El nuevo canciller argentino, Santiago Cafiero, cuestionó: “Si siempre arreglamos nuestros problemas mediante el consenso y salimos adelante, ¿por qué hoy no?”.
Cafiero afirmó que “el Mercosur no padece de una compulsión a desgajarse” aunque admitió que sería “necio negar que pueden existir diferencias de enfoque sobre el destino de una sociedad de naciones que cumplió nada menos que 30 años de vida”.
En su opinión “en este mundo cada vez más incierto, perdurar en el esfuerzo de integración es exactamente lo contrario del anacronismo burocrático: supone una muestra de realismo y es una apuesta al futuro”, en referencia a uno de los argumentos que ha utilizado Lacalle Pou para referirse a la falta de dinamismo del bloque.
“Uruguay ha tenido una actitud muy dura respecto del Mercosur y muy ideológica. Uruguay me parece que tiene un presidente que usa cierta rebeldía contra Argentina como un elemento de política interna que le da réditos”, dijo. Agregó que “por supuesto eso no puede durar mucho, pero nosotros somos acreedores en la relación bilateral. Uruguay nos debe más cosas a nosotros que nosotros a Uruguay” y enfatizó la molestia sobre los buques pesqueros en territorio de las Islas Malvinas que se abastecen en Montevideo.
“Más que negociaciones, son conversaciones”, dijo el embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne, quien destacó que la relación entre Argentina y Uruguay “atraviesa un buen momento” y existe una “agenda positiva” en torno a proyectos conjuntos, como la construcción del puente Bella Unión-Monte Caseros. No obstante, señaló que Argentina “aguarda novedades de Uruguay” respecto del TLC: “Que nos comunique qué es lo que realmente se ha logrado y sobre eso discutir en el seno del Mercosur”.
La postura del gobierno argentino para ser la de “encapsular” el asunto del TLC con China y continuar apostando a la agenda bilateral. Luego de que Uruguay presente de forma oficial ante el Mercosur la negociación y qué aspectos implica, se podrá discutir el tema, bajo la idea de que el acuerdo de preferencias comerciales podría ser para algunos sectores y no con la amplitud de un TLC.
El excanciller argentino Felipe Solá había señalado que “Uruguay ha tenido una actitud muy dura respecto del Mercosur y muy ideológica” y agregó que Lacalle Pou usa “cierta rebeldía contra Argentina como un elemento de política interna, que le da réditos”. Dijo que la postura de flexibilización “la plantea con mucha más fuerza Uruguay pero también, abiertamente, Brasil, lo que va contra el artículo 1 del Tratado de Asunción, que niega que cada país pueda negociar libremente un acuerdo con otro país”.
Planteó que el Mercosur “funciona por consenso, consenso quiere decir acuerdo de los cuatro, no funciona por mayoría ni de manera independiente. Hay un Tratado y hay que estudiarlo bien. Lo que hicieron Brasil y Uruguay es transformar la excepción en norma”.
*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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