Nicolás Centurión|
Uruguay, que era visto desde el exterior como reducto del progresismo y la socialdemocracia, va dando pasos en sentido opuesto. Es que el cambio de signo de gobierno en una coalición de derechas, le ha dado viento en la camiseta a estas formaciones políticas, y también a fuerzas de la derecha social, que vienen a por todo.
Payá compartió una foto con Lacalle Pou y destacó su discurso en la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
El encuentro de Payá con Lacalle Pou coincide en la misma semana en la que partieron del país los técnicos de prótesis cubanos, porque el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) no renovó el convenio alegando incumplimiento de Cuba en la cantidad de técnicos trabajando, lo que es un flagrante mentira y el ministro Martín Lema no ha podido sostener dicho relato.
Si de reuniones hablamos, el semanario Búsqueda solicitó a la Presidencia el listado de reuniones que Lacalle ha tenido en Casa de Gobierno, ya que son de carácter público debido a la ley de acceso a la información pública. Presidencia se negó. Así que si reunirse con opositores cubanos para torpedear la revolución cubana es pública, imaginen lo que hay debajo de la punta del iceberg.
Siguiendo el tópico reuniones, el presidente aceptó una reunión para el 8 de noviembre con el Foro de Montevideo, una especie de grupo de protesta de “intelectuales” de derechas que ven amenazada la democracia por el marxismo cultural, la ideología de género y la “inminente amenaza comunista”, en un tono de guerra fría.
La comitiva que se reunirá con el primer mandatario será encabezada por la escritora Mercedes Vigil y en una carta donde han juntado la magra cifra de dos mil firmas, donde se encuentran represores, torturadores, homicidas, femicidas y violadores que han cometidos delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. “Sacando la pata de la coyuntura, no vengo a defender a nadie que haya violado DDHH” dijo –sin sonrojarse- la escritora Vigil.
En Domingo Arena se encuentran, entre otros, Eduardo Ferro, secuestrador y homicida; Jorge Gundelzoph, ex comunista que traicionó a sus compañeros y terminó torturando incluso, para terminar como un señor de negocios muy afincado con la Secta Moon. Asimismo, Miguel Sofía, preso por homicidio, asociación para delinquir como integrante del Escuadrón de la Muerte.
El viernes último, un día después de que el coronel retirado Armando Méndez (preso en Domingo Arena) fuera procesado por el asesinato de Gerardo Alter en agosto de 1973, se conoció la decisión del ministro de Defensa Javier García, de clasificar como reservados por 15 años todos los testimonios que haya brindado ante el tribunal sobre su actuación mientras se desempeñaba como militar, según informó Montevideo portal.
Mendez fue director de aduanas en el gobierno de Lacalle Herrera, padre del actual presidente.
La decisión fue tomada a raíz de un pedido de acceso a la información pública presentado por la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. En el escrito se señala que el gobierno está habilitado “a clasificar información como reservada en el momento en que se reciba una solicitud de acceso a la misma, disponiendo asimismo que el plazo de reserva comenzará a computarse a partir de que la información pudo ser clasificada”.
La carta finaliza diciendo: “En Domingo Arena hay encerrados algo más que un montón de viejos soldados, allí estamos presos todos, está presa nuestra Democracia, detrás de las rejas del pasado, está preso el futuro. Libérelos y libérenos Sr. Presidente, y cierre de una vez la fractura, se lo pedimos con humildad, pero también con un poderoso sentido de Justicia, Es Ahora.” Como dato de color, el “Es ahora” fue uno de los eslogans de la campaña 2019 de Lacalle Pou.
Esta iniciativa ciudadana (?) es la movida mediática que precisa el verdadero proyecto nuclear que presentó la formación de ultraderechas Cabildo Abierto, que tiene como objetivo otorgar prisión domiciliaria a los presos de Domingo Arena. Cabildo Abierto esgrime la pandemia de Covid-19 como excusa para darle prisión domiciliaria a mayores de 65 años.
La medida no aplicaría para casos de violación y homicidio agravado así como tampoco para delitos de lesa humanidad luego de 2006. Una verdadera infamia. En Uruguay hay unos 100 mayores de 65 años en cárceles. La gran mayoría se encuentran en Domingo Arena y prácticamente quedaría vacía de promulgarse dicho proyecto.
En las últimas horas se alzaron voces críticas tanto en el Partido Nacional como en el Colorado, ambos integrantes de la coalición del gobierno. En este último -sobre todo del sector Batllistas- sienten que se trata de un proyecto que lleva “el nombre y apellido” de Cabildo Abierto, cuando las propuestas deberían ser presentadas y trabajadas por la coalición en su conjunto, señalaron al diario El País fuentes de esa colectividad.
El Frente Amplio ya declaró que no acompañará un proyecto que, al decir del senador Charles Carrera, está dirigido a favorecer a “los represores (de la dictadura) que están pagando su pena en la cárcel de Domingo Arena”.
Mientras por un lado el gobierno pretende extender la edad jubilatoria por encima de los 65 años alegando que el mundo ha avanzado y que los 65 de ahora son distintos a los 65 de antes, por el otro pretende liberar a represores a su casa. Paralelamente, las cárceles comunes atestadas y hacinadas de jóvenes, pobres, analfabetos y adictos.
Mientras arrestaron a una exsecretaria de campo de concentración nazi de 96 años que huyó antes de su juicio en Alemania, acá, en Uruguay, el presidente va a recibir a un grupo que pide la liberación de los militares asesinos que cometieron crímenes de lesa humanidad… por cuestión de edad.
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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