Por Jorge Elbaum
Con maneras circunspectas, cargadas de aparente deferencia hacia sus anfitriones de Brasil y la Argentina, la comitiva estadounidense se mostró interesada en conocer los proyectos de integración regional y –sobre todo– aquellos que se vinculan con el sudeste asiático. Sin ser explícitos, los integrantes de la comitiva deslizaron su intención de salvaguardar la Organización de Estados Americanos (OEA), evitando su sustitución por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), tal cual fue sugerido el último 24 de julio por el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
La delegación estadounidense incluyó al asesor del Consejo de Seguridad Nacional, Jacob Jake Sullivan, un veterano funcionario que fue parte del equipo de Barack Obama y que dirigió durante el gobierno de Donald Trump el think tank demócrata National Security Action (NSA), cuyos documentos priorizan la seguridad desde un enfoque de multilateralidad restringida al liderazgo global monopólico de Washington. Uno de los integrantes de la comitiva es el director para el Hemisferio Occidental –del Consejo de Seguridad Nacional–, el colombiano Juan González Román, quien visitó la Argentina en abril último, adelantando parte de la agenda que trajo Sullivan.
La novedad que se encubrió en la visita fue el indudable desafío enunciado por AMLO en el Castillo de Chapultepec, en julio pasado, cuando advirtió que “no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, [basado en] los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias”.
La comitiva estadounidense se completó con el director de Tecnología y Seguridad Nacional, el indio-estadounidense Tarun Chhabra, encargado de relevar los convenios tecnológicos con la República Popular China –específicamente los relacionados con las redes de quinta generación, conocidos como 5G–, y el responsable de ciberseguridad, Amit Mital, coordinador de la pugna contra las hipotéticas milicias rusas de hackers. Entre sus tareas, consignan periodistas de Washington, no figura el monitoreo de aplicaciones intrusivas globales como las filtradas en el caso Pegasus.
La visita de los funcionarios a Brasil y la Argentina coincidió con el anuncio de una nueva donación de vacunas para la región, en tiempos en que Washington viene perdiendo a pasos agigantados la disputa por proveer vectores de inoculación a nivel global. Desde el inicio de la pandemia, China ha logrado exportar un número significativo de vacunas, cuya cantidad aparece como inalcanzable para el gobierno de Joe Biden.
Según fuentes diplomáticas avezadas, una explicación de las últimas donaciones implementadas por Washington se vincula con la fecha de vencimiento de las mismas. Según la agencia que regula los medicamentos, y alimentos, la Food and Drug Administration (FDA), la vacuna Pfizer dispone como máximo de dos semanas de durabilidad antes de su caducidad. En la actualidad, Estados Unidos posee almacenamientos que exceden el ritmo de vacunación previsto. Si no las ceden, se deterioran.
La comitiva de Sullivan aseguró que el Departamento de Estado continuará brindado su respaldo a la Argentina en las negociaciones con el FMI. Dicha oferta, reiterada en todas las reuniones llevadas a cabo en Buenos Aires, no abordó sin embargo detalles vinculados a las características que asumirá dicho apoyo, ni a la extensión de plazos, ni a mermas de intereses o autocríticas respecto al mecanismo espurio con el que fue otorgado el crédito para salvar al macrismo de su derrota electoral.
Uno de los intereses centrales de los enviados consiste en amortiguar –y si es posible debilitar– el denominado Eje de 
Es una propuesta –especificaron– “diseñada para contener la influencia de China en la región”. Los think tanks ligados al NSA conjeturan que una merma institucional de la OEA habilitaría, en forma directa, las capacidades de América Latina y el Caribe para diversificar sus vínculos con China, debilitando la autoridad de Washington sobre la región. Para socavar esa deriva, o por lo menos aminorar su impacto, Sullivan planteó caminos convergentes (medio ambiente, corrupción, seguridad y endeudamiento) a la espera de mejores condiciones para delimitar las capacidades soberanas de países que, como la Argentina, México, Bolivia, Venezuela y Perú, buscan profundizar los modelos de integración latinoamericano-caribeña.
La integración acosada
La CELAC está integrada actualmente por 32 países y su deseable integración convierte a este bloque en el tercer espacio económico más importante del mundo, transformándose en forma potencial en la mayor región exportadora de alimentos a nivel mundial. Su actual titular es el mandatario mexicano y se prevé que en la próxima Cumbre, a realizarse en septiembre, se elija a Alberto Fernández como su presidente pro tempore.
La candidatura cuenta con el apoyo de Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela. El mejor alumno de Trump en la región, Jair Bolsonaro, canceló la participación de Brasil en la CELAC en el año 2020 como evidencia de su desinterés en profundizar la cooperación regional.
La gira de Sullivan también pretende tender una malla de contención dialoguista frente a hipótesis electorales del próximo bienio: la probable victoria de Xiomara Castro en las elecciones de noviembre de 2021 en Honduras, el progresivo posicionamiento de Gustavo Petro en Colombia de cara a los comicios de 2022, y –sobre todo– el posible retorno de Lula da Silva en Brasil. Estos escenarios son advertidos y estudiados meticulosamente por el Departamento de Estado. Sus funcionarios han trabajado arduamente durante el último quinquenio para desmantelar todas las iniciativas de integración esbozadas desde la UNASUR y para bloquear los intentos de cooperación planteados desde el ALBA-TCP.
Han utilizado múltiples dispositivos para ambas demoliciones al tiempo que lograron reinstalar en los últimos cinco años a la OEA como el jugador medular de las relaciones interamericanas.
Fue dentro de este esquema –que requirió el vaciamiento de toda instancia de integración ajena a las estipuladas por Washington– que se impulsó el rol de Luis Almagro como actor responsable del debilitamiento de todos los procesos nacionales de cariz soberana. Esa función tuvo su momento más paradigmático durante el golpe contra Evo Morales en noviembre de 2019. Coherente con esa tarea, las represiones en Chile y Colombia, y las coacciones del fujimorismo en Perú –para evitar la asunción de Pedro Castillo– no produjeron ninguna manifestación crítica.
El 24 de julio AMLO subrayó que “hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma defensiva (…) No somos un protectorado, una colonia o su patio trasero”.
La visita de Sullivan busca atenuar la capacidad de liderazgo del Eje de Puebla y darle continuidad al Caballo de Troya de lucha contra la corrupción, uno de los estandartes más utilizados para puentear la soberanía de los países de América Latina y el Caribe. El decálogo de Washington incluye un parágrafo central relativo a la vigencia abstracta de la corrupción, situación que les permite instituirse en paladines de su examen y vigilancia.
A través de esa justificación, garantizan su instauración en las agendas bilaterales y su posterior utilización política para atacar a opositores del neoliberalismo y proteger a sus socios domésticos. Las propuestas de Sullivan para luchar mancomunadamente contra la corrupción se convierten en el mascarón de proa de una ofensiva posterior contra lo que denominan despectivamente como populismo. De esta manera, la corrupción se constituye –junto con las gráciles propuestas de articulación en seguridad y defensa– en la herramienta primordial del injerencismo blando tan caro a los demócratas.
En mayo y junio del presente año, en plena campaña electoral mexicana, el canciller Marcelo Ebrard, a quien se identifica como un posible candidato de MORENA a las presidenciales de 2024, envió una carta a su par estadounidense en la que le solicitaba que interrumpiera la financiación de “ONGs opositoras, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que –habiendo recibido de la USAID en los tres últimos años 50 millones de pesos– se encuentra llevando adelante una serie de denuncias por corrupción contra el gobierno mexicano en el contexto de la campaña electoral para las elecciones legislativas y estaduales”.
Poder blando
Un mes después, AMLO volvió a referirse al injerencismo onegeísta justificado por ambiguos formatos de lucha contra la corrupción: “Es muy lamentable que el gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio nuestra petición. Por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa de que ya no estén financiando a grupos políticos en México”. La respuesta no se hizo esperar: “La lucha contra la corrupción es una parte central de la política exterior del Presidente Biden –se anunció desde la Casa Blanca–: debemos alentar la visibilización de la corrupción, por eso seguiremos financiando a las ONG y a periodistas de investigación para que cumplan dicho cometido”.
Una semana después, el demócrata Biden solicitó al Congreso un incremento del 11% los fondos destinados a la USAID.
Además de coincidir en las problemáticas del cambio climático, Sullivan y sus acompañantes hicieron referencia –en el almuerzo en Olivos– al inmenso peligro que supone la República Popular China para la región. El director de Tecnología y Seguridad Nacional, Tarun Chhabra, deslizó ante periodistas apostados en el Palacio Duhau que Beijing promueve el autoritarismo digital al colaborar con regímenes no democráticos. Las evidencias compartidas por Chhabra con los periodistas provienen del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos y funcionarios del Comando Sur.
En dicho documento se advierte que “Cuba también podría ser una zona desde la que China podría reunir información y realizar ciberataques contra Estados Unidos”. La paranoia ciberpolítica funciona como la profecía autocumplida: se instituye al enemigo, se lo demoniza y luego se lo ataca (o se profundiza su bloqueo) en nombre de su hipotética peligrosidad. Los temores de Washington por perder la carrera tecnológica explican la presencia de Chhabra y de Mital.
En Brasil, la comitiva estadounidense mantuvo reuniones con Bolsonaro y el ministro de Defensa de Brasil, Carlos França, a quienes se les requirió que excluyeran a las compañías chinas de las subastas de frecuencias ligadas a las bandas de 5G, que se llevarán a cabo a fin del presente año. Un discurso similar expresó Sullivan en su visita a Alberto Fernández, advirtiendo sobre los riesgos que implica profundizar las relaciones con el gigante asiático.
En abril último, el Comité de Inteligencia del Senado, presidido por Marco Rubio y Mark Warner, convocó a una audiencia abierta a la que fue citado, entre otros, el ex director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad (NCSC), William Evanina. En su exposición, señaló que China es “una amenaza existencial para los Estados Unidos. La amenaza más compleja, perniciosa, agresiva y estratégica que jamás haya enfrentado nuestra nación”. Dicho peligro tiene un componente ligado a la superioridad respecto a la inteligencia artificial.
Esa es la razón por la que Washington se esmera en no perder el control del tráfico digital, que al día de hoy le permite reconvertir su flujo en información estratégica disponible para su monetización, vigilancia y control de potenciales competidores. El 30 de julio se informó que el Pentágono finalizó las terceras pruebas del “Dominio de la información global” (Global Information Dominance Experiment, GIDE, por su sigla en inglés), consistente en articular “tecnologías de vanguardia basadas en inteligencia artificial” orientadas a adquirir capacidad predictiva para “adelantarse a los movimientos del enemigo”. Quien controla los flujos, sugieren, acumula ventajas estratégicas sobre cualquier potencial competidor, adversario o enemigo.
Biden continúa con la política de Trump, con formas más diplomáticas basadas en la doctrina del poder blando conceptualizado dos décadas atrás por Joseph Nye. Sus objetivos generales, coincidentes con los estipulados por los republicanos, pretenden impedir el multilateralismo y las integraciones regionales, ahogar el desarrollo de los proyectos nacionales que son consideradas competitivos (sobre todo China en lo económico y tecnológico, y Rusia en los aspectos bélicos) y evitar el fortalecimiento de las capacidades estatales que se proponen regular los mercados.
En términos más específicos, se esmeran por proteger a las elites domésticas –funcionales a los intereses que ostentan sus corporaciones trasnacionales–, se oponen a la promoción de servicios públicos universales y gratuitos, cuestionan la generalización de impuestos progresivos a las capas más pudientes, y sabotean los proyectos de desarrollo científico-tecnológico.
En 1922 Manuel Ugarte publicó La Patria Grande. En la última página de ese libro, escribió: “Abandonemos la idea errónea de que la época de la independencia fue una edad fabulosa y que sus hombres no pueden ser imitados jamás”.
*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la). Publicado en elcohetealaluna.com
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