Por | 26/08/2021 | Economía
Una investigación de la ONG Somo muestra cómo el laboratorio que provee una de las vacunas contra el coronavirus se enriqueció a costa de los Estados y gracias a la evasión fiscal masiva.
Los científicos que descubrieron las vacunas de ARN mensajero, las que podrían protegernos contra el coronavirus, y quizás pronto contra otras enfermedades como el cáncer, merecen todo nuestro reconocimiento.
Los laboratorios que las fabrican y las comercializan no lo merecen.
Para ellos, fue una oportunidad de enriquecerse con la pandemia a expensas de los gobiernos y de los contribuyentes. En el caso de Moderna, después de las investigaciones realizadas por la ONG Somo, queda claro que la operación es doblemente rentable: la empresa utiliza el dinero público y luego transfiere los beneficios obtenidos a los paraísos fiscales.
Hagamos un repaso de la situación de la empresa de biotecnología poco antes de la pandemia. Fue fundada en 2010 para profundizar las investigaciones sobre la tecnología del ARN mensajero. Para ello, logró reunir 1.500 millones de euros de capital privado en pocos años, los que provenían principalmente de fondos de inversión como Ballie Gifford, Vanguard y BlackRock, que son sus principales accionistas. Además, hay que agregar los 680 millones de euros en inversiones procedentes de colaboraciones. Una suma de dinero que no sirvió para nada: en 10 años, la empresa no descubrió nada, no vendió nada y no ganó nada.
¡Gracias dinero público!
Luego, el coronavirus se extendió por el mundo entero. El gobierno estadounidense le otorgó a Moderna la suma de 4.100 millones de dólares para la investigación, los estudios clínicos y la producción de la vacuna, además de los 900.000 dólares aportados por el programa COVAX, la iniciativa pública mundial para los países pobres.
Con los 5.000 millones de dólares, a los que pronto se sumaron los pedidos adelantados de la Unión Europea, Moderna pudo aprovechar las innovaciones del ARN mensajero y de la proteína Spike, dos revoluciones nacidas en la investigación pública estadounidense. A partir de ahí, desarrolló una vacuna de ARN mensajero, con el apoyo no sólo del dinero público, sino también de la investigación pública estadounidense: la patente de Moderna es copropiedad del gobierno de Estados Unidos.
Al recibir este dinero público, la empresa se comprometió a ser transparente sobre la utilización de sus inversiones financiadas con gracias a él. No lo hizo, aunque, como lo muestra la investigación de SOMO, la parte pública fue más que preponderante.
Cuando recibió el dinero de COVAX, la empresa también prometió abastecder rápidamente a los países pobres y emergentes, pero no lo hizo. Recién en mayo de 2021, aceptó entregar 34 millones de dosis bajo ese concepto, lo que es muy poco comparado con los cientos de millones de dosis que vendió a un precio muy alto en los mercados solventes de Europa y Estados Unidos.
Innovación… fiscal
Pero la voracidad de los directores de la empresa no se queda ahí.
Para visitar las oficinas de Moderna, hay que ir a Massachusetts. Salvo que allí sólo existe una filial. La empresa matriz está registrada en otro estado: Delaware, un notorio paraíso fiscal con 973.000 habitantes y 1,5 millones de empresas.
En Delaware, se encuentra también otra compañía, ModernaTX, la que posee todas las patentes de la empresa.
El estado de Delaware cuenta con todas las ventajas de opacidad que puede proporcionar un paraíso fiscal, en particular la ausencia de obligación de publicar las cuentas, un impuesto a las sociedades del 8,7%, un sistema judicial favorable a los accionistas y la ausencia de impuestos sobre los ingresos procedentes de activos inmateriales, como las patentes. El esquema habitual es que todas las filiales de la empresa relacionadas con las vacunas tienen que pagar royalties a ModernaTX, lo que les permite transferir parte de los beneficios a Delaware, donde no pagan impuestos.
Pero el sentido de la innovación -fiscal- de la dirección de la empresa va todavía más lejos. Como se puede ver en la primera página de la parte pública de los acuerdos de compra previa de vacunas de la UE, Europa negocia sus contratos con Moderna Switzerland GmbH. Esta filial, creada en junio de 2020 en el cantón de Basilea (Suiza), no tiene al parecer ninguna función ni en la investigación ni en la producción de vacunas. Sin embargo, está registrada en el territorio calificado por la Red de Justicia FiscalTax Justice Network como el tercero más opaco del mundo, y el quinto más utilizado por las multinacionales para evadir impuestos.
En definitiva, Moderna es una empresa que vende un producto financiado con dinero público, que revende a los Estados a un alto precio para obtener un beneficio que, según las estimaciones, debería ascender a entre 8.000 y 10.000 millones de dólares en 2021. Unos beneficios que acabarán, en su mayoría, en los paraísos fiscales.
En una época, después de la Primera y de la Segunda Guerra mundial, los Estados habían establecido impuestos a los «especuladores de guerra»…
Por cierto, el director general de Moderna, Stéphane Bancel, encabeza la lista de las nueve personas del mundo que se hicieron multimillonarias gracias a la pandemia, con una fortuna de 4.300 millones. En la lista también figuran Timothy Springer y Robert Langer, dos científicos accionistas fundadores de la empresa (2.200 y 1.600 millones respectivamente) y el presidente de la compañía, Noubar Afeyan (1.900 millones).
La noticia no dice qué estrategia fiscal pretenden seguir estos últimos.
Texto original: https://www.alternatives-economiques.fr/
Traducción de Correspondencia de Prensa
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