Jorge Elbaum
Los tres países de América Latina que permanecen aliados a los designios planteados por Washington, y que en la última Cumbre de la CELAC plantearon su afinidad con la OEA, atraviesan diversos escándalos políticos ligados a la corrupción estatal, el espionaje ilegal y el incremento de las capacidades criminales del narcotráfico.
En Uruguay, el jefe de la custodia presidencial está detenido desde septiembre pasado acusado de otorgar pasaportes a un narcotraficante, realizar actividades de espionaje a la titular de la central sindical (PIT-CNT), a senadores de la oposición –que se encuentran investigando privatizaciones en áreas portuarias– y a la ex esposa del Presidente, Luis Lacalle Pou, entre otros delitos.
En Paraguay, donde se llevarán a cabo elecciones en abril próximo, uno de los candidatos del oficialista Partido Colorado, el actual Vicepresidente Hugo Velázquez, debió resignar su candidatura ante las imputaciones en Estados Unidos de vínculos con redes de lavado de activos provenientes del narcotráfico, una de ellas liderada por una familia ligada al pastor evangelista José Insfrán.
Otro de los candidatos a la presidencia guaraní es el confidente de Mauricio Macri, Horacio Cartes, quien aparece liderando las encuestas. El empresario tabacalero y dirigente futbolístico también fue catalogado como “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado, al considerarlo responsable de actividades de contrabando y de vínculos financieros con organizaciones criminales.
En el caso de Uruguay, Lacalle Pou atraviesa el más grave escándalo político desde la recuperación de la democracia en ese país: el último 26 de diciembre –velado por un extraordinario blindaje mediático en toda Latinoamérica– el primer mandatario oriental declaró cuatro horas ante la fiscal Gabriela Fossati, en el marco de una investigación relacionada con el jefe de su custodia, Alejandro Astesiano, quien se encontraba detenido desde el 26 de septiembre último, acusado de tráfico de influencias, falsificación de documento público, espionaje ilegal y complicidad en el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset Cabrera.
Cabrera es considerado por interpol como el líder del Primer Cartel Uruguayo, que fue investigado por el fiscal paraguayo Marcelo Pecci en el marco de la operación conocida como A Ultranza Py, en la que fueron incautados –hasta febrero de 2022– un total de 71 inmuebles y depósitos, un complejo deportivo, un hangar aeroportuario, nueve establecimientos ganaderos, 6.000 cabezas de ganado, 41 tractores y 9 maquinarias agrícolas, 30 camiones, 48 motocicletas, 27 automóviles de alta gama, siete embarcaciones, un helicóptero, 13 aeronaves y 21.029 kilogramos de clorhidrato de cocaína.
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El fiscal Pecci fue asesinado el 10 de mayo de 2022 en Colombia mientras disfrutaba su luna de miel. El último viernes se detuvo en Río de Janeiro a Miguel Ángel Insfran, hermano del pastor paraguayo y a la vez socio de Sebastián Marset Cabrera, el beneficiado por los subalternos de Astesiano.
Astesiano fue detenido en septiembre en la sede de la residencia presidencial, luego de haber regresado de unas vacaciones en Costa Rica, donde acompañó a la familia de Lacalle Pou. Desde su detención, el funcionario ligado a las fuerzas de seguridad fue sumando cargos en su contra. Semanas atrás se difundieron conversaciones entre el custodio e integrantes de la Policía, en las que quedaba en evidencia el espionaje ilegal llevado a cabo contra Marcelo Abdala, presidente de la central sindical uruguaya, en el marco de un accidente automovilístico sin ningún tipo de víctimas ni lesiones.
En esa oportunidad, Astesiano utilizó de forma ilegal el sistema de cámaras de vigilancia, en connivencia con el secretario privado del Presidente, Nicolás Martínez. En conversaciones que se filtraron –entre Astesiano y Martínez– se escucha al primero incentivar el hostigamiento exigiendo que “ahora Nico (secretario de Lacalle Pou) llegó el tiempo de nosotros de matarlo. Hay que matarlo. Que se pongan las pilas ahí, hay que matarlo a este hijo de puta”.
Luego de la filtración de las conversaciones entre el custodio y el secretario privado, el PIT-CNT difundió un comunicado en el que expresó: “La utilización del aparato estatal para amedrentar y perseguir a ciudadanos, adversarios políticos y activistas sociales, hace recordar a las épocas más oscuras de nuestra historia reciente que no queremos volver a repetir. Estaremos atentos al devenir de estas situaciones, evaluando las acciones políticas y/o jurídicas a nivel nacional e internacional necesarias para la defensa de la democracia, la república y las libertades”.
Espiar, perseguir, hostigar
Las operaciones de espionaje contra Abdala se suman a las desarrolladas contra los senadores de la oposición Charles Carrera, Mario Bergara y Enrique Rubio, pertenecientes al Frente Amplio, que exigían la reapertura de una investigación respecto a posibles delitos vinculados con la extensión del periodo de concesión a la empresa belga Katoen Natie, titular de los derechos de logística dentro de una terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo.
La práctica del espionaje ilegal –tan cara a la derechas latinoamericanas– alcanzó en el caso de Uruguay, de forma similar a la Argentina, a los parientes de Lacalle Pou. Entre las filtraciones que inculpan a Astesiano también figura el seguimiento de su ex esposa, Lorena Ponce de León. Estas actividades recuerdan las pesquisas delictivas llevadas a cabo por Mauricio Macri contra su propia hermana y su entonces cuñado.
Las actividades del hombre de confianza de Lacalle Pou incluyen la falsificación de pasaportes para beneficiar a 195 ciudadanos rusos a cambio de suculentas dádivas. El último 8 de febrero, el mandatario oriental decidió descabezar a la cúpula policial ligada a Astesiano, que llegó a beneficiar al custodio para evitar que el director general de Fiscalización de Empresas, Henry de León, multara a una empresa no habilitada, propiedad del Astesiano.
La derecha ecuatoriana también cuenta con sucesos que el blindaje estructural mediático busca invisibilizar, omitir o minimizar. El domingo 5 de febrero se realizaron las elecciones seccionales de Ecuador, en las cuales la alianza Movimiento Ciudadano, liderada por Rafael Correa desde el exilio, triunfó en los distritos más significativos del país. El actual Presidente, Guillermo Lasso, fracasó además en las ocho enmiendas constitucionales propuestas a la población –una de ellas ligada a la extradición de narcotraficantes hacia Estados Unidos–, recogiendo un 60% de rechazo.
El crimen organizado ligado a la comercialización de estupefacientes se ha incrementado de forma exponencial desde que Lasso llegó a la presidencia y declaró su guerra a los narcotraficantes. Dicho programa de militarización recuerda el incremento de la violencia sucedido durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), cuando la máxima responsabilidad en el enfrentamiento a los carteles de la droga fue liderada por el máximo responsable de la Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna.
En la actualidad, Luna se encuentra detenido en Estados Unidos y es juzgado por recibir sobornos por parte del cartel de Sinaloa, liderado por Joaquín el Chapo Guzmán Loera. El juicio se realiza en Brooklyn, está a cargo del magistrado Brian Cogan y se cree que el jurado empezará a deliberar la semana que viene. Ente los posibles testigos figura el ex mandatario Felipe Calderón.
Uno de los hechos trágicos de la elección en Ecuador fue el asesinato del candidato a alcalde de Puerto López, Omar Menéndez, perteneciente al correísmo. Lo que los medios silencian es que dicho crimen estuvo prologado por el homicidio de Julio César Farachio, aspirante a la alcaldía de Salinas. Ambos fueron ejecutados por sicarios ligados al narcotráfico. Ecuador enfrenta una ola de delincuencia sin precedentes producto de la progresiva infiltración de grupos ligados a los carteles mexicanos.
En los últimos meses se profundizó la conflictividad como producto de la llegada de representantes de grupos 
paramilitares colombianos que perdieron la protección del gobierno de Bogotá desde que asumió la presidencia Gustavo Petro. Se calcula que en el último lustro se han instalado 120 puertos informales en toda la costa oeste de Ecuador, de grupos que acostumbran a lavar esos activos con la colaboración de contrataciones ofrecidas por el Movimiento CREO, el partido de Guillermo Lasso.
La crisis desatada por la violencia motivó, dentro de la Asamblea Nacional, la constitución de una Comisión Investigadora sobre las actividades del narcotráfico. Para la conformación de dicha instancia se excluyó, sin embargo, a los integrantes del Movimiento Ciudadano (correísmo). No sea cuestión –opinaron los colegas de Quito ante la requisitoria de El Cohete– que se descubran los vínculos espurios entre los agentes financieros cercanos al gobierno y el lavado que exige el narcotráfico.
Los probos y honestos republicanos de América latina y el Caribe parecen ser la expresión más acabada de la sentencia de Séneca: “Nadie puede llevar por mucho tiempo el disfraz”. Lo que presumen –queda cada vez más en evidencia– es exactamente aquello de lo cual carecen.
*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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