.Luvis H. Pareja
En un juicio abreviado, Alejandro Astesiano, el corrupto exjefe de la seguridad del mandatario uruguayo Luis Lacalle, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado. La pena también contempla la inhabilitación especial por cuatro años y una multa cercana a los 4.000 dólares.
La leve condena fue un respiro para el presidente Luis Lacalle y su gabinete. La cercanía de larga data de Astesiano con el Partido Nacional, principal formación de la coalición derechista de gobierno y su cargo como jefe de seguridad presidencial afectó la imagen del mandatario, lo que confirman todos los sondeos.
Lacalle se deslindó de la actuación de Astesiano y dijo sentirse «traicionado» por su exjefe de seguridad, mientras que el abogado del condenado, Marcos Prieto, consideró positivo que la fiscalía haya actuado de manera tal que «no prime la investigación mediática». Sobre las repercusiones políticas de este caso, el presidente expresó a los periodistas: “ni idea, yo políticamente no lo sé, preguntale a los que lo usan políticamente”.
En la oposición aseguraron que tomó por sorpresa que se llegara a un acuerdo abreviado en forma tan rápida como forma de sepultar el escándalo, ya que es una causa que se inició en setiembre del año pasado y que tiene muchas ramificaciones.
Para el centroizquierdista Frente Amplio, con la condena a Astesiano se demuestra que había “una asociación para delinquir” en la Torre Ejecutiva” presidencial y entiende que probablemente haya más funcionarios involucrados y que recién se cerró “una primera etapa” del tema; este jueves reúne a la comisión que estudia el caso.
Si bien está el tema de la falsificación de documentos, motivo que desencadenó la condena del miércoles, también hay temas de corrupción pública, de espionaje, de utilización de toda la infraestructura del Estado en beneficio de la persecución a dirigentes sociales y a la oposición, tareas de inteligencia hasta sobre adolescentes estudiantes secundarios.
Sobre estos y otros temas que han surgido a raíz de la revelación de chats de Astesiano, Fossati dijo que continuará 
la investigación, pero que de momento no hay indicios de delitos.El caso que comenzó como un escándalo sobre pasaportes falsos, derivó en espionaje y corrupción luego de que se conocieran públicamente los chats que mantenía el excustodio con diferentes personajes, algunos de ellos en el Ministerio del Interior.
Las acusaciones incluyen intercambio de favores con funcionarios políticos y policiales, un supuesto espionaje a dos senadores frenteamplistas y hasta tráfico de influencias; y que derivaron también en la investigación en torno a la emisión del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.
Todas estas acusaciones, pasadas por alto en el fallo del miércoles, dan lugar a cuestionar hasta qué punto llega la corrupción en el gobierno uruguayo y qué hará Lacalle para salvaguardar el estado de derecho y responsabilizar a los implicados. El escándalo traspuso las fronteras y el Financial Times señaló que el pueblo uruguayo “está enojando” ante el intento de “minimizar” la seriedad de la situación por parte del surfista presidente Lacalle y la eventual “resolución judicial”.
Antecedentes
Atesiano había sido detenido en septiembre pasado tras ser acusado de participar de una organización para fraguar pasaportes para personas de origen ruso que querían obtener la ciudadanía uruguaya, fue condenado en un juicio abreviado, tras un acuerdo con la fiscal de Flagrancia, Gabriela Fossati, para que la sentencia abarque todos los delitos de los que está acusado. El juez penal Alejandro Asteggiante ratificó ese acuerdo.
Con el acuerdo de este miércoles a Astesiano se le sacó de la imputación el delito de suposición de estado civil, ya que no llegó a concretar negocios con los pasaportes, aunque sí se comprobó, informó la fiscal en la audiencia, que recibió 10.000 dólares del escribano Álvaro Fernández en dos oportunidades.
Además de la causa vinculada a la organización criminal, Astesiano también fue investigado por presuntas tareas de inteligencia contra los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera. También por el vínculo que tenía con varias jerarquías policiales, causa por la que la semana pasada fuera imputado el exsubdirector ejecutivo de la Policía Nacional Jorge Berriel.
En la teoría del caso que le presentó al juez, Fossati se centró en que el jefe de la seguridad presidencial aprovechó su posición institucional y los recursos a los que esta le daba acceso para pedir y realizar “favores” ilícitos, pero no parece haberle dado mucha importancia a la posibilidad de que esto haya ocurrido con conocimiento de lo que la fiscal llama vagamente “su entorno de Presidencia”, e incluso a pedido, o quizá por órdenes, de algún integrante de ese entorno. Dijo que muchos acontecimientos que a los periodistas les parecen importantes y fueron destacados en los medios de comunicación “no están involucrados con la teoría del caso”.
En el caso de Astesiano, salta a la vista que Fossati, al construir su relato, realizó algunas opciones muy discutibles. Quizá la más relevante es que, en la teoría del caso que le presentó al juez, se centró en que el jefe de la seguridad 
presidencial aprovechó su posición institucional y los recursos a los que esta le daba acceso para pedir y realizar “favores” ilícitos, pero no parece haberle dado mucha importancia a la posibilidad de que, por lo menos en algunas ocasiones, esto haya ocurrido con conocimiento de lo que la fiscal llama vagamente “su entorno de Presidencia”, e incluso a pedido, o quizá por órdenes, de algún integrante de ese entorno.
Para Ladiaria, esta posibilidad implicaría, por supuesto, encubrimientos, complicidades o autorías de delitos en los que Astesiano fue sólo el brazo ejecutor. Fossati aseguró que “todas las causas siguen abiertas, todas las investigaciones siguen en curso y puede haber otras personas responsabilizadas”. Lo que es más, en su acusación dejó escrito que el jefe de seguridad le “proporcionaba de manera oficiosa la información que recibía a su entorno de Presidencia, como por ejemplo, al secretario personal del presidente, N[icolás] M[artínez], o al propio presidente” Luis Lacalle Pou, y también que “en ocasiones, y dado que siempre obtenía información, era consultado sobre distintos hechos”.
Caras y Caretas señala que la fiscal dijo que “al final de su carrera no se va a inmolar en una investigación que va fatalmente al fracaso” y recuerda algunas reflexiones de la fiscal Gabriela Fossati expresadas en conversaciones privadas o en declaraciones a la prensa, pasadas las primeras semanas de la investigación, oportunidad en las que tal vez sólo había leído a vuelo de pájaro los innumerables chats del teléfono celular requisado a Alejandro Astesiano, que integraban los expedientes que constituyen la carpeta investigativa.
En esas palabras Fossati recordaba que en este caso, que a ella le correspondió por ser fiscal de flagrancia y ocurrir en su turno, “no se puede investigar nada, porque están nombrados todos los que pueden contribuir con la investigación”, “que todos los nombrados son amigos y que ponen piedras a la indagatoria”, “que embarran la cancha y quieren tapar todo”.
Y añadía, que·”tendría que citar a declarar a todos los funcionarios de jerarquía del gobierno y de los Ministerios de Relaciones Exteriores e Interior porque todos están nombrados en los diálogos del celular de Astesiano”, “que es un escándalo de proporciones institucionales y que lejos de procurar corregir los eventuales errores que se cometieron en las distintas instituciones de lo que se preocupan los jerarcas es de reducir los daños y tapar lo más comprometedor”.
También dijo que “a nadie le interesa la justicia” y mencionó entre ellos al Fiscal de Corte, la oposición al gobierno y todos los implicados entre los cuáles están los jerarcas ministeriales, los principales mandos de la Policía y toda la cúpula del gobierno.
¿Hasta dónde se puede llegar con este sistema judicial, con esta fiscal y con esta justicia?, se pregunta el veterano periodista Alberto Grille. Algo huele mal cuando la fiscal le teme tanto a la verdad. Y los acuerdos de hoy en su fiscalía contribuyen a abrirnos más los ojos.
Solamente así puede justificarse su apresuramiento para decir e insistir en audiencia judicial que Luis Lacalle Pou era víctima de un engaño y de un error, solicitar la reserva judicial de los interrogatorios a Lacalle por seis meses y afirmar en la prensa que no encontraba nada delictivo en el seguimiento del presidente de la central sindical Marcelo Abdala o en las averiguaciones sobre los detalles del viaje de Lorena Ponce de León, la ex esposa de Lacalle, se responde.
*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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