Nicolás Centurión
Sequía sin precedentes. A Montevideo, la capital uruguaya, le restan menos de 60 días con agua potable, según las autoridades. Otras localidades corren con menos suerte y se llega a la cifra de menos de 10 días para que se agote. La sequía en Uruguay comenzó en octubre del 2022, pero el país acumula ya tres años de déficit hídrico, esto es, lluvias por debajo de lo habitual.
Cara o seca
El Congreso Nacional de Meteorología será convocado para abordar la crisis de sequía extrema y prolongada que está afectando al país, con faltantes de agua en prácticamente todos los sectores económicos y sociales.
El director de Meteorología y Clima del Instituto Uruguay de Meteorología (Inumet, Néstor Santayana, anunció la presentación de un informe comparativo con otras grandes sequías en el pasado, como la de 1988 y 1989, que afectaron fuertemente al país por esos años, dejando estragos ambientales y ecológicos.
El directorio de Obras Sanitarias del Estado de Uruguay (OSE) también tomó medidas ante la sequía, prohibiendo el uso no esencial de agua en la zona metropolitana y otras áreas. Aunque no se castigará económicamente a quienes no cumplan, se está apelando a la buena voluntad de la población.
OSE contará con personal para fiscalizar y una línea telefónica para recibir denuncias de incumplimiento. La medida fue tomada después de detectar un consumo cercano al límite en Montevideo, con una tasa de 700.000 metros cúbicos por día.
Las fuentes naturales de toma de agua para potabilizar por parte de OSE se han visto afectadas y según Santayana “hay muchos ríos cortados”, lo cual ha llevado a la compañía “a tener que bombear agua de lagunas y recurrir a embalses de reserva en los casos en que estos existen”.
Durante la administración anterior, OSE proyectó obras para aumentar y mejorar las reservas de agua en el país, pero al asumir el nuevo directorio –impuesto por la coalición derechista de gobierno- en 2020, éstas se postergaron como forma de contener el gasto. Una de ellas era la construcción de una represa sobre el arroyo Casupá en el departamento de Florida, aprobada por la compañía estatal en 2019.
Se trata de una obra de infraestructura de más de 80 millones de dólares, que aumentaría la reserva de agua bruta (sin potabilizar) para complementar al actual sistema de abastecimiento del área metropolitana, aportando 118 millones de metros cúbicos de la cuenca del Río Santa Lucía que garantizarían el agua a la planta de Aguas Corrientes.
“Esta es una obra absolutamente imprescindible que está pronta para licitar desde el año 2020” afirma Edgardo Ortuño, integrante del directorio de OSE por el centroizquierdista Frente Amplio.
El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, denunció ante el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, que empresas areneras hicieron un terraplén para desviar artificialmente el río Santa Lucía, principal fuente de abastecimiento de agua.
Orsi dijo en una rueda de prensa que es una “agresión” al río y, por tanto, deja de ser un tema departamental, para pasar a ser nacional. “Nunca habíamos visto en plena sequía como la que tenemos, con las dificultades que hay, incluso con proyectos en curso como el Neptuno para el agua potable, que esto esté pasando en el Santa Lucía. Es inadmisible, escandaloso”, expresó.
El oficialismo aprovecha esta situación para promover un proyecto privatizador acorde a los lineamientos de su ideología. Neptuno es un proyecto de obra que se encuentra en etapa de estudio para la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua que complemente a la ubicada en Aguas Corrientes, Canelones, que se abastece de agua dulce proveniente del Río Santa Lucía.
La oposición rechazó el proyecto fundamentalmente por su diseño de ejecución privada, que , significaría grandes sobrecostos al Estado.
Mientras, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) señala la falta de personal, a raíz de la eliminación de los cargos vacantes, lo que provoca retrasos en los arreglos de roturas de caños en las calles.
“En la OSE falta gente para la actual situación, de sequía, pero también de alto consumo”, dijo Federico Kreimerman del sindicato de OSE. Además, Kreimerman se preguntó si al final y al cabo la OSE “se va a denunciar a sí misma, porque mucha agua se está perdiendo porque no tiene personal para solucionar roturas. Hay lugares con pérdidas de agua en la calle de más de una semana”, apuntó. “Se está perdiendo agua en plena sequía”, remarcó.
Perspectiva ante la urgencia
Una de las líneas para comprender por qué se llegó a este punto, además del cambio climático a nivel global, es la plantación de soja, el principal cultivo agrícola de Uruguay. Se siembra un área que equivale a casi el 6% del territorio usado por la producción agropecuaria en el país. Su producción se orienta básicamente a las exportaciones. En el año 2020, fue el tercer producto más exportado.
Hasta comienzos de este siglo, la soja era un cultivo de escasa importancia en la agricultura nacional. El área sembrada no superaba las 10 mil hectáreas. China es el mayor comprador de soja en el mundo. El crecimiento de su demanda impulsó, en las últimas dos décadas, el aumento de los precios internacionales de la soja.
Una investigación arrojó que el cambio de uso del suelo de pastizales del sur del país a cultivos como la soja multiplica por siete la emisión de carbono que se hace a la atmósfera.
Un mapa del año 2020, titulado por el colectivo Iconoclasistas “La República tóxica de la soja”, plantea que la producción intensiva de este monocultivo transgénico está presente en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
“Estos países conforman un territorio fumigado donde predomina un modelo dañino con fuerte impacto socioambiental, y que implica la pérdida de biodiversidad, la destrucción de las economías regionales con la consecuente vulneración de la soberanía alimentaria, la contaminación ambiental, la amenaza a la salud de poblaciones enteras, y la expulsión y represión a campesinos y pobladores ancestrales”, señala.
Otra de las líneas por donde abordar la situación de los suelos uruguayos es el aumento de la forestación, una política de Estado que se sostiene desde fines de la década de los 80. La forestación es una de las actividades productivas que más ha crecido en los últimos treinta años. Las plantaciones de árboles de especies madereras, especialmente eucaliptos y pinos, totalizaron poco más de un millón de hectáreas en ese período.
El desarrollo de la forestación en Uruguay tiene su origen en la aprobación y posterior aplicación de la denominada Ley Forestal. Es la Ley 15.939, de diciembre de 1987, que declaró de interés nacional al conjunto de las actividades forestales.
Estas plantaciones se deben a la instalación de tres plantas de celulosa, conocidas popularmente como “pasteras”. La actividad se abrió paso por todo Uruguay impulsada tanto por capitales nacionales (la familia del presidente Luis Lacalle es un ejemplo) como trasnacionales (entre ellos, las firmas Arauco, Stora Enso y la propia UPM), que aprovechan el suelo autóctono, donde estos árboles toman entre 8 y 10 años en crecer, mientras que en Finlandia lo hacen entre 50 y 60 años.
En el año 2018, la superficie total de bosques en Uruguay era de 1 millón 850 mil hectáreas. De ese total, las plantaciones realizadas al amparo de la Ley Forestal totalizaban 1 millón 15 mil hectáreas. Existían, además, 835 mil hectáreas de bosque nativo en el país.
En las últimas tres décadas, el negocio de la madera se convirtió en un pilar de la economía uruguaya, al punto de que el nuevo proyecto de la trasnacional finlandesa UPM —obra proyectada en 4.000 millones de dólares, la mayor inversión privada en la historia del país— prevé aportar 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional cuando la planta esté en funcionamiento.
Sin embargo, el cultivo de eucaliptos también conlleva impactos negativos en el suelo y en el agua. Se trata de plantas de crecimiento rápido, que capturan muchísimos nutrientes, toman grandes volúmenes de agua desde las napas freáticas o acuíferos superficiales y alcanzan reservas de agua profundas a las que los pastos no tienen acceso.
El año pasado UPM utilizó 125.000 metros cúbicos de agua a diario. Sumado a ello, en 2019, informes ambientales develaron que, en sus viveros, UPM hace uso de agrotóxicos como el hormiguicida fipronil, los herbicidas glifosato, flumioxazin e isoxaflutole así como los fertilizantes multicote y sulfato de amonio.
Forraje
Durante la actual administración de Luis Lacalle se creó el Ministerio de Ambiente bajo la égida del Ministro Adrian Peña, del Partido Colorado, más conocido como el ministro que acaba de renunciar por haber mentido en la obtención de un título terciario. Incluso se dio el lujo de estudiar algunas materias mientras era ministro. Aquí se ve la importancia y el tiempo que Peña le brindaba a su cartera.
El tema ambiental no es algo nuevo en Uruguay y no se pueden achacar temas estructurales a una sola administración. Pero si un Ministerio de Ambiente recién creado es recordado por la renuncia de su ministro, más bien es decorativo y solo una chapa.
Región
Actualmente en América Latina y el Caribe 161 millones de personas (1 de cada 4) no tienen acceso adecuado a agua potable, y 431 millones (7 de cada 10) a saneamiento gestionado de manera segura, según la CEPAL.
Como dice Rafael Bautista Segales: “Cuando todo ámbito de la vida humana es reducido a su carácter mercantil, la lógica empresarial invade todo y las necesidades sociales, los bienes comunes, las reivindicaciones populares, etc., 
etc., son comprendidos como proyectos gerenciales, es decir, son cotizados desde criterios de rentabilidad, donde los pobres son sacrificados en un mundo hecho sólo para los ricos.
Por ello la racionalidad neoliberal pervierte las bases mismas de la democracia, una vez que introduce sus lógicas en la médula misma de lo político.
Si las desigualdades se hacen extremas es imposible, no sólo mantener la soberanía estatal, sino sostener toda comunidad política. Si el demos es desplazado, el kratos es el puro capital y lo que se genera es una sutil pero radical transformación de la política y la democracia desde dentro. Entonces se puede comprender mejor los procesos de implosión democrática que estamos viviendo y que permiten la mejor escenografía de la nueva guerra de los commodities.”
Uruguay se pretende isla en el continente, una excepción, pero sufre los mismos problemas que todos los países de la región. Si no se abordan los problemas de manera integral, sin miradas cortoplacistas y de carácter sustentable, el país seguirá siendo isla y algún día la ola del calentamiento global lo va a tapar.
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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