Nicolás Centurión
Se suele asociar a la palabra “inseguridad” a lo delictivo, a lo policial, a la justicia y la crónica roja. Pero el concepto es más abarcativo y puede ser laboral, económico, de salud, vincular y más aún. Hoy Uruguay sufre de inseguridades en su amplio sentido.
Las políticas del gobierno derechista liderado por Luis Lacalle abonan a problemas estructurales y los profundizan en su lógica de que el mercado es el mejor regulador de la sociedad y que ellos en el gobierno están para favorecer al empresariado uruguayo.
Según un estudio del Instituto Cuesta Duarte hay 100.000 personas más que en 2019 con salarios por debajo de 25.000 pesos uruguayos (unos 650 dólares) por 40 horas semanales de trabajo. El economista Bruno Giometti indicó que hay 549.000 personas ocupadas que perciben ese salario y de esos, 322.000 son trabajadores asalariados.
Por sectores de actividad, predominan los salarios más sumergidos en comercio, servicio doméstico, actividades primarias, y restaurantes y hoteles. En esos sectores, entre 40% y 50% ganan menos de 25.000 pesos líquidos al mes. Entre otros indicadores, hay una mayor afectación en las mujeres, jóvenes menores de 25 años, personas del interior, y no registradas en la seguridad social.
Los salarios sumergidos afectan en mayor medida a los jóvenes, a los residentes en el interior del país y a las mujeres. Además, se presentan con mayor intensidad entre los trabajadores privados y entre quienes no cotizan a la seguridad social. Los sectores de actividad más afectados son el servicio doméstico (49%), rural (47%), comercio (44%) y restoranes y hoteles (44%).
Ante esta situación, la central única de trabajadores PIT-CNT, señaló que “ante una nueva ronda de Consejos de Salarios y atendiendo esta realidad, el país requiere un empuje a la política salarial que a través de la negociación colectiva garantice incrementos reales importantes con un énfasis mayor en el salario mínimo nacional y en las categorías más sumergidas de los diferentes sectores de actividad.”
A esta inseguridad salarial se suma un elemento que ahonda la magra situación de gran parte de las familias uruguayas: gastar miles de pesos uruguayos por mes en agua embotellada, ya que la que sale por cañerías ya no es potable e incluso es perjudicial para la salud. Algunos empresas incluso, le exigieron al gobierno que reduzca el IVA para poder bajar el precio en el consumo final, pero hasta el momento la coalición dirigida por Lacalle no ha contestado.
Ya no estamos hablando de consumo, estamos hablando de los baños, el contacto con la piel, electrodomésticos que se rompen. Es decir, los uruguayos y uruguayas tienen que desembolsar de un salario que no alcanza para llegar a fin de mes, en electrodomésticos dañados por la situación del agua.
Inseguridad en las canillas
La Facultad de Química anunció que las sustancias químicas que contiene el agua «son difíciles de evaluar» y «están en estudio sobre la posibilidad de que sean cancerígenos». Una de las recomendaciones de la Facultad de Química para evitar la inhalación de compuestos presuntamente cancerígenos producidos por el elevado porcentaje de sodio y cloro en el agua que entrega Obras Sanitarias del Estado, es tomar baños cortos y en lugares ventilados.
Por su parte el profesor Eleuterio Umpiérrez precisó que el problema de los trihalometanos no es su ingesta sino su inhalación. “La exposición a los trihalometanos más grave es cuando lo inhalamos. La dosis normal de agua diaria son dos litros, mientras que cuando uno se baña, normalmente gasta 10 litros por minuto, por lo tanto va a estar expuesto a esos vapores”, sostuvo.
Sin lluvias en el horizonte ni medidas de peso por parte del gobierno, la represa del Paso Severino, principal reserva de agua dulce para la zona metropolitana de Montevideo y Canelones, apenas tiene el 5.6% de su capacidad.
Inseguridad de los que nos tienen que cuidar
Se contabilizan al menos dos asesinatos diarios. Además, en una misma semana asaltaron dos escuelas en Montevideo y un sanatorio privado en Maldonado. El Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, además de descuidar la inseguridad delictiva, se involucró en la campaña electoral de Laura Raffo para las presidenciales de octubre de 2024, y se lo investiga por casos de corrupción.
Incluso llegó a plantear una defensa acérrima a un correligionario de su partido acusado de pedofilia y explotación sexual de menores, siendo Heber el primer responsable en brindar garantías a los denunciantes al ser la cabeza de la cartera ministerial.
Inseguridad estatal
El presidente Lacalle no concurrió al acto de reconocimiento de la violación de derechos humanos cometidos por el Estado en dictadura en los casos de los asesinatos de las “muchachas de abril” y las desapariciones de Luis Eduardo González y Óscar Tassino. Recibió críticas por varios frentes ante dicha decisión.
Por si no se entendía (¿o si?) su postura, un hecho reciente dejó más en jaque a la población, donde solo resta concluir que se trata de un acto que encierra cierto grado de cinismo en el fondo.
El presidente anunció que le encargó al escultor uruguayo Pablo Atchugarry una «transformación» del águila nazi que con sus garras sostiene una cruz esvástica, y que en el año 2006 se recuperara del buque Graf Spee, hundido frente a Montevideo en diciembre de 1939. El águila será transformada en una paloma. “Porque los símbolos son muy importantes en la vida de la humanidad”, dijo el presidente.
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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