Pedro Castillo, la impotencia del reformismo

 Por Antonio Camacho Negrón 

Fuentes: Rebelión

(Para efectos de este escrito se define el poder hegemónico como el control ideológico, psicológico, económico, social y represivo que ejerce el estado burgués capitalista sobre una población dada. La contra hegemonía es el rompimiento con ese control).



Es necesario conocer la realidad para interpretarla y descubrir las fuerzas y mecanismos para transformarla. No existe manera posible de hacerlo soñando, deseando, creyendo a ciegas y siendo guiados por un entusiasmo que brote de una interpretación idealista de la realidad.

Todos aquéllos que piensen seriamente que pueden transformar la realidad social, económica y política de sus respectivos pueblos utilizando las reglas y mecanismos que le impone la dictadura capitalista hegemónica con sus elecciones, cortes, cámaras, poder mediático, control de las redes sociales, medios represivos, concepciones ideológicas y de conducta, transitan por un camino trillado que sólo conduce a la complicidad y rendición o a la inacción, desmoralización y fracaso.

El dilema del reformismo, encarnado en los gobiernos populistas, ha sido siempre el mismo; conformarse con meros cambios cosméticos dejando intactos los intereses económicos y privilegios del poder hegemónico o condenarse al fracaso, persecución o eventual deposición si osa hacer lo contrario.

Pedro Castillo en Perú, al igual que Salvador Allende en Chile, Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia, José Francisco Zelaya en honduras, Fernando Armindo Lugo Méndez en Paraguay, es un claro ejemplo del fracaso de esa concepción idealista llamada reformismo que sólo puede subsistir alineándose al poder hegemónico extendido, —imperio, compañías y oligarquías internacionales y oligarquía nacional—.

(Para muestra con un botón basta. Dilma Rousseff fue elegida por el voto de más de 40 millones de electores brasileños y la depusieron con el voto de sólo 61 senadores. A esa actuación absurda y aberrante la llaman democracia, un eufemismo para encubrir la dictadura hegemónica del capital depredador).

Se podría argüir, para invalidar este argumento, que hay cuatro países en la América Hispana que han logrado prevalecer pese al poder hegemónico. Sin embargo, es necesario aclarar que en esos países se dieron unas condiciones extraordinarias que no se han dado en los demás.

En Cuba fue destruido el estado burgués por la revolución armada e impuesta una contra hegemonía.

En Nicaragua ganó también una revolución armada. El Sandinismo, a pesar que dio paso al multipartidismo con la celebración de elecciones, mantuvo el poder sobre el ejército, lo que le ha permitido hacer la contra hegemonía en la educación, sectores mediáticos, obreros y organismos populares.

En Venezuela, desde mucho antes de llegar a la presidencia, Hugo Chávez realizó un tremendo trabajo político en las fuerzas armadas. Para el mismo tiempo el Partido Comunista (PCV) y otros movimientos que integraban la coalición del Gran Polo Patriótico (GPP) capacitaban y organizaban grandes sectores de Caracas y a nivel nacional. Esta particularidad, en gran medida, fue lo que neutralizó el golpe de estado de 2002 y permitió, una vez Chávez regresó al poder, tomar control de la fuerzas armadas y la policía, empoderar los medios de comunicación alternativos y asegurar la contra hegemonía que ha mantenido al chavismo en el poder.

En Bolivia, después de grandes conmociones políticas y sociales donde tanto la policía como el ejército no contaban con los medios para enfrentarse a una sublevación, el líder de los cocaleros, Evo Morales, llega a la presidencia de la república respaldado por casi la totalidad de las 36 etnias indígenas y de otros sectores empobrecidos. Su promesa de llamar a una asamblea constituyente, empoderar al pueblo y crear la nación plurinacional atrajo las simpatías de estos grupos que durante siglos fueron marginados por la oligarquía y las compañías extractivas extranjeras.

Es importante señalar que en este país, prácticamente, en la totalidad de los pueblo indígenas dada su separación geográfica, respectivos idiomas, cosmovisión y costumbres existía en sí una contra hegemonía. Una vez Evo Morales llega al poder, una de sus primeras medidas fue empoderar a los medios de comunicación alternativos para crear un contra balance al poder mediático. Otras fueron los programas educativos, de salud y de pensiones. La implementación de estas medidas no evitaron que le dieran el golpe de estado en 2019; no obstante, crearon las condiciones que generaron la rebelión anti golpista del pueblo y permitieron el regreso al poder del Movimiento al Socialismo con la presidencia de Luis Arce.

¿Qué pasa en Perú? ¿Quién dio el golpe de estado?

No es propio hablar de la grave situación política actual del Perú sin poner en perspectiva las condiciones en que se encuentra el pueblo peruano.

Perú es un país con 33.36 millones de habitantes, tres veces la población de Bolivia con más del doble de su densidad poblacional. Según un informe del Banco Mundial, en Perú el Producto Interno Bruto (PIB) se ha multiplicado por más de 6 veces desde 1993. El ingreso per cápita en el 2021 fue aproximadamente unos 7 mil dólares. “Luego de un repunte posterior a la pandemia del 13,3 % en 2021, el PIB aumentó un 3,5 % interanual en el primer semestre de 2022, impulsado por las manufacturas, la construcción y los servicios, y gracias a una cantidad considerablemente menor de restricciones que en el primer semestre del año anterior.” Énfasis en negritas nuestro.

Sin embargo, contrario a ese informe tan prometedor del Banco Mundial sobre el milagro económico del Perú, veamos su cruda realidad. El 30% de la población no tiene acceso al agua potable a pesar de que la mayoría de los cuerpos de agua están contaminados por la explotación minera, desechos industriales y humanos. La inversión estatal en la salud pública es menos del 2% del PIB, pese a que la nación está entre los nueve países con mayor incidencia de tuberculosis. Las muertes por COVID–19 sobrepasan las 200,00 personas. Lima tiene el aire más contaminado de Latinoamérica (CEPAL). El número de enfermedades respiratorias, estomacales y por intoxicación con metales en todo el territorio, es alarmante.

En términos monetarios –personas que viven con menos de 3 dólares al día–, el 28.6% de la población son pobres, unos 9.54 millones. En términos de pobreza multidimensional que incluye las condiciones de salud, educación y vivienda, el 41.7% son pobres, unos 13.9 millones. Debemos añadir que ésta es una población con altos índices de desnutrición infantil.

En cuanto a la educación, UNICEF advirtió que Perú vive una crisis educativa sin precedentes. Según cifras oficiales solamente el 37% de las escuelas públicas se encuentran en buen estado, el 59% deben ser demolidas. El 10% no tiene agua potable. 670,000 niños y adolescentes no se matricularon en 2021, posiblemente por ingresar al trabajo infantil.

La corrupcion está generalizada en todas las esferas gubernamentales. Durante el periodo 2017 al 2020, la Defensoría del Pueblo registró más de 27,000 casos en todo el país. En 5 años, Perú ha tenido 7 presidentes. Los 6 expresidentes del país: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kucynski y Pedro Castillo están presos, condenados, investigados o prófugos de la justicia.

Cualquier ser de una genuina sensibilidad humana no puede evitar indignarse ante semejante cuadro. Pedro Castillo, maestro de escuela, hijo del dolor de ese pueblo, soñó que podía hacer algo para sacar de la miseria a esa gran masa de hermanos empobrecidos. Creyó en la democracia burguesa y, como Don Quijote, la emprendió contra los molinos de viento.

¿Cuál fue una de sus principales propuestas económicas durante la campaña 2021 con el Partido Perú Libre?

Cambiar el modelo económico por uno de economía popular, en el cual:

1. Se nacionalizarían los principales yacimientos mineros y sus respectivas empresas y las empresas petroleras, gasíferas y de comunicaciones.

2. Se cambiaría el centralismo económico en el cual el gobierno central se asigna el 70% del presupuesto y deja solamente el 25% a los gobiernos regionales y a 4,385 municipios. (No en balde Lima, con sólo una cuarta parte de la población, es el baluarte de la oligarquía. Quien protesta es el resto del país empobrecido).

3. Se acabaría con la práctica de que el gobierno central recaude prácticamente la totalidad de los impuestos.

4. Se cambiaría la política agraria para aumentar las asignaciones gubernamentales, reducir los niveles de pobreza y recuperar tierras agrícolas concesionadas al capital foráneo.

5. Se crearía un código laboral para hacer cambios en la remuneración de los sueldos de los funcionarios públicos –el sueldo del contralor es dos veces el del presidente de la república– y garantizar la libertad sindical. Proponer que un empresario pague al obrero menos calificado no menos de un veinteavos de su propio sueldo.

¿Qué hizo Castillo una vez llegó a la presidencia?

Realizó en ciertas regiones algunos proyectos de reforma agrícola, se opuso a unos cientos de macro proyectos de explotación minera, presentó otros de control ambiental y el dinero asignado al ejecutivo para el poder mediático por servicios, lo distribuyó entre los medios alternativos de comunicación de las localidades.

Como podemos ver, tanto el programa de campaña como las acciones de Castillo, una vez llegó a la presidencia, a todas luces amenazaban los intereses y privilegios de la burguesía, de las grandes compañías extractivas internacionales, por consiguiente, de la política imperial.

Los medios informáticos al servicio del capital cuando condenan la medida del Presidente Castillo de disolver el Congreso de la república, no mencionan para nada el constante acoso que sufrió por parte del mismo, de la Corte Constitucional, del poder mediático y la mano del imperio. Todo lo contrario, nos atosigaron con frases como el suicidio político, una acción descabellada, no estaba en sus cabales, le escribieron el mensaje, dio un golpe de estado, ext. Frases todas dirigidas a desviar la atención del meollo de la crisis política del Perú: los altos niveles de pobreza extrema, la alta incidencia de corrupción, la pésima distribución de la riqueza y la manipulación de un congreso controlado por una oligarquía al servicio del capital. Y, sobre todo, la encerrona en que ese congreso mantuvo al ejecutivo durante diecinueve meses obligándolo a conformar el gabinete en cuatro ocasiones distintas, rechazando los proyectos de ley presentados por él e incoando tres mociones de destitución en su contra. Recuerden que ni siquiera le permitieron salir fuera del país en misiones gubernamentales.

Por todo lo expuesto, está meridianamente claro que Pedro Castillo no se podía suicidar políticamente; el congreso y la Corte Constitucional de Justicia ya lo habían asesinado. Su acción no fue descabellada como nos quieren hacer ver; políticamente estaba entre la espada y la pared y no le quedaba otra alternativa que jugarse el todo por el todo. Así mismo, no se puede hablar de ineptitud, puesto que no lo dejaron gobernar; aunque no se puede negar que su inexperiencia, ingenuidad política, protagonismo y al no contar con una mayoría parlamentaria ni un pueblo organizado, fueron factores que precipitaron su caída.

Pedro Castillo, al pretender prevalecer en el cargo disolviendo el congreso, le fue fiel a las grandes masas empobrecidas del pueblo, su pueblo, que le pedían a gritos que lo hiciera. Quizás, sin saberlo, indujo al congreso a precipitarse y a violar la constitución al destituirlo. Acción que exacerbó el encono del pueblo y que como fuego depurador no tardó en manifestarse en las masivas protestas y en la toma de las calles.

El presidente Pedro Castillo, aunque constitucionalmente tenía el poder para disolver el congreso, al éste negarle el voto de confianza en dos ocasiones –en cuatro ocasiones distintas le rechazaron el nombramiento de sus ministros–; es ilusorio pensar que dio un golpe de estado, pues no contaba con el poder político y mucho menos militar para hacerlo. El Artículo Nro. 134 de la constitución del Perú dice:

El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. Claro está, la Corte Constitucional controlada por la oligarquía le negó ese derecho.

En propiedad, ni siquiera el congreso de la república dio el golpe de estado. Gran número de los congresistas como de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia del Perú son meros mandaderos ejecutores de las directrices de las compañías extractivas internacionales y de la ex agente de la CIA y embajadora de Estados Unidos en el país.

Es muy posible que Pedro Castillo no vuelva a ocupar la silla presidencial, pero algo es evidente, la oligarquía en detrimento propio aumentó su popularidad y lo ha convertido en un mito. Un mito que no es ajeno a la realidad; se necesita una gran dosis de heroísmo, entereza de carácter, compromiso con su pueblo y disposición al sacrificio para enfrentar el poder hegemónico. ¡¡Liberen al presidente!!, es el grito del pueblo.

¿Podrán los peruanos romper con ese poder hegemónico, empoderarse e imponer los cambios sistémicos tan necesarios? Se percibe un salto cualitativo en la conciencia de la humanidad con el declive del imperio. ¿Será el heroico pueblo del Perú el faro que nos trace el camino a seguir o sucumbirá ante la alevosa retórica pacificadora del reformismo desviacionista? Veremos.

Antonio Camacho Negrón, expreso político puertorriqueño. Graduado de la Universidad de Puerto Rico en Psicología. Ha publicado en varios medios tanto impresos como digitales en Puerto Rico, Nueva York, Santo Domingo y Nicaragua.

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