Por | 06/12/2022 | Bolivia
El actual contexto internacional pareciera favorecer cualquier iniciativa de desestabilización política y caos social en América Latina, por más inverosímiles e irracionales que parezcan.
Estados Unidos se propuso reconfigurar la red de suministros de materias primas estratégicas para su plan de transición energética, reeditando en la región las viejas fronteras ideológicas de la Guerra Fría: de un lado, los países aliados a Estados Unidos e identificados con la “democracia”; del otro, los países enemigos vinculados con las “autarquías” de China y Rusia.
Con el propósito de impedir que surja o se consolide cualquier proyecto de desarrollo autónomo, se promueven y exacerban en nombre de la “democracia” los reclamos regionalistas o separatistas de las oligarquías provinciales para contraponerlos a la legítima autoridad de los gobiernos nacionales y fragmentar así el poder político de los Estados-Nación.
El Estado Plurinacional de Bolivia es, acaso, uno de los proyectos de país soberano más osados de América Latina. Inaugurado en 2009 por el gobierno de Evo Morales, impugnado por el golpe cívico-militar a fines de 2019 y relanzado en noviembre de 2020 por el nuevo gobierno democrático de Luis Arce Catacora, atraviesa hoy una nueva amenaza liderada por organizaciones “cívicas” regionalistas, cuyo nivel de radicalidad y violencia no encuentra ninguna proporción con el contenido de los reclamos esgrimidos. Una vez más, lo que ocurre en Bolivia puede ser considerado como una suerte de espejo paradigmático para evaluar con realismo las características y tendencias de la lucha de clases en América Latina.
La implementación de censos en esta parte del mundo no es tarea sencilla. Sin ir más lejos, el Censo de Chile de 2012, a cargo del gobierno de Sebastián Piñera, derivó en una denuncia por manipulación de datos, la renuncia del director del Instituto Nacional de Estadísticas y un informe del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, dependiente de las Naciones Unidas, que confirmó la falta de cumplimiento de los estándares internacionales. Más recientemente, en la Argentina, el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) admitió errores en las encuestas del Censo 2022 llevado a cabo por el gobierno de Alberto Fernández, debiendo aplazar la publicación de los datos provisorios para 2023. Más allá de los razonables cuestionamientos lanzados con mayor o menor grado de oportunismo político, en ninguno de estos países los problemas del proceso censal produjeron movilizaciones sociales.
En Bolivia, en cambio, el conflicto alcanzó un despliegue inusitado. El último censo allí disponible es de 2012, por lo que en julio de 2021 el gobierno de Luis Arce dispuso la realización de un nuevo Censo de Población y Vivienda, fijando la fecha de la encuesta censal para el 16 de noviembre de 2022. Sin embargo, el 14 de julio de este año anunció su postergación para 2024, dadas las dificultades adicionales que todavía impone la pandemia del Covid-19 sobre un proceso censal que no se reduce al día de la encuesta, sino que abarca una etapa previa de preparación (financiamiento, metodología, cartografía, logística) y una etapa posterior de procesamiento de datos, acorde a los rigurosos estándares internacionales.
Inesperadamente, la postergación del Censo fue aprovechada por la élite de Santa Cruz para relanzar su proyecto separatista, controlada por dos grandes familias de negocios autodenominadas “logias” y políticamente representada por el actual gobernador Luis Fernando Camacho, ex líder de la Unión Juvenil Cruceña y del Comité Cívico Pro Santa Cruz, organizaciones de inspiración abiertamente fascista que en 2019 encabezaron las movilizaciones contra la reelección de Evo Morales, las cuales derivaron en un sangriento golpe cívico-militar.
El 30 de septiembre de 2022, en una concentración convocada con el nombre de “Cabildo”, el Comité Cívico Pro Santa Cruz comenzó un largo ciclo de protestas (huelgas, movilizaciones, paro por tiempo indefinido) con una consigna tan simple como intransigente: “Queremos censo en 2023, sí o sí”. La justificación debía conectar fácilmente con los sentimientos regionalistas, sistemáticamente exacerbados por las redes sociales: al revelar el importante aumento de la población cruceña durante la última década, los datos del Censo se traducirían en “mayores recursos económicos para la región” y en una “mayor representación en el Parlamento”, que deberá renovarse en las elecciones de 2025. Sin embargo, la redistribución de recursos se haría efectiva al final del proceso censal, mientras que la representación aumentaría en sólo dos senadores más para Santa Cruz (uno de los cuales sería del MAS). Es evidente que los reclamos no guardan relación alguna con la radicalidad de las protestas. El dispositivo político-mediático destinado a presentarlo como parte de una “lucha democrática en contra del autoritarismo del gobierno nacional” se puso nuevamente en marcha.
Después de un mes de paro total de actividades en el departamento de Santa Cruz, con bloqueos y movilizaciones en medio de un creciente clima de odio racial que derivó en enfrentamientos, al menos cuatro asesinatos, la violación múltiple de una mujer en pleno bloqueo y el incendio de la sede departamental de la Federación Única de Trabajadores Campesinos, el gobierno nacional definió por decreto la fecha definitiva de la Encuesta Censal para el día 23 de marzo de 2024, asistido por una Comisión Técnica integrada por el resto de las autoridades regionales del país. Para desactivar el argumento económico y político de la dirigencia cruceña, la medida gubernamental también se comprometió a distribuir los recursos de coparticipación en septiembre de 2024 (utilizando datos preliminares del Censo) y a entregar los resultados finales del Censo en octubre de 2024.
La respuesta del Comité Cívico Pro Santa Cruz, leída y transmitida en medio de un nuevo “Cabildo Abierto” multitudinario, dejó en evidencia cuáles son los elementos de la desestabilización planificada: dirigencias regionales con una narrativa ultra liberal pretendidamente “democrática”, multitudes exacerbadas con odio clasista y racial desbordando a la propia dirigencia, el Estado nacional como enemigo principal y el “federalismo” como estrategia para una nueva hegemonía, sin descartar en ese camino la posibilidad de una guerra de secesión.
Si bien el gobierno nacional logró aislar a la dirigencia de Santa Cruz obligándola a aceptar la fecha del Censo 2024, el gobernador Camacho decidió mantener el paro de actividades junto al Comité Cívico Pro Santa Cruz, exigiendo ahora que el decreto con las fechas del Censo y la distribución anticipada de recursos se convierta en ley. Gracias a la producción de gas natural y soja, el departamento de Santa Cruz es hoy la región de mayores exportaciones de Bolivia (32% del total), seguida a distancia por Potosí (22%) y La Paz (19%). Allí, la estrategia de la derecha opositora es simple y clara: el conflicto debe perdurar. Mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional dio un tratamiento exprés al proyecto de ley del Censo 2024 presentado por el MAS, los líderes de Santa Cruz continuaron con la huelga indefinida. Cuando finalmente la ley fue aprobada por ambas Cámaras, levantaron el paro y celebraron la nueva norma como un triunfo propio en contra del centralismo del Estado Plurinacional, dejando en evidencia que la fecha del Censo no era más que una excusa.
En cuanto al departamento de Potosí, no sólo es el segundo exportador de Bolivia. En el Salar de Uyuni se ubica además la mayor reserva de litio del mundo, un factor crítico para producir las baterías recargables que demandan los planes de transición energética de las principales potencias económicas. Si bien Potosí se encuentra históricamente en las antípodas de Santa Cruz tanto a nivel étnico y cultural como socio-económico y político, la estrategia “federalista” de la derecha cruceña cuenta allí con un aliado llamativamente incondicional: el Comité Cívico de Potosí o COMCIPO.
En medio de las movilizaciones de 2019 contra la reelección de Evo Morales, lideradas por Camacho desde Santa Cruz, COMCIPO desplegó en la ciudad de Potosí un operativo de bloqueos, huelgas y marchas para imponer la derogación del acuerdo de inversión que la empresa estatal de litio, YLB, había suscrito con la alemana ACI Systems para la producción conjunta de hidróxido de litio, materiales catódicos y baterías. El acuerdo repudiado por el Comité Cívico de Potosí no comprometía la propiedad del salar de Uyuni ni la extracción primaria de salmueras, que por ley 928 sólo pueden estar en manos de una empresa 100% estatal como YLB. Por el contrario, se trataba de crear una empresa mixta para el agregado de valor y la transferencia de tecnología, reservando el 51% de las acciones para YLB. Aun así, fue violentamente rechazado por “antinacional” por el presidente de COMCIPO, Marco Pumari, y por su mediático asesor en temas de litio, Juan Carlos Zuleta, un economista formado en Estados Unidos y consultor internacional de empresas bursátiles especializadas (EV World.com, Industrial Minerals, Seeking Alpha.com). Consumado el golpe de Estado, ambos referentes potosinos dejarían las calles y pasarían fugazmente por el Palacio Quemado. Pumari formalizaría su alianza política con el líder cruceño Fernando Camacho, mientras que Zuleta sería nombrado por el gobierno de facto como gerente de YLB por apenas dos semanas, tiempo que dedicó a recolectar toda la información relevante y sensible de la empresa estatal.
Con la recuperación de la democracia, la suerte de estos golpistas fue desigual. Mientras Camacho pasó a ser el gobernador de Santa Cruz, Áñez fue condenada a diez años de prisión y Pumari fue detenido con prisión preventiva por haber participado en la quema de instalaciones electorales. En cuanto al “experto en litio” Zuleta, que sigue siendo presentado por la prensa masiva como un “especialista” sin ideología política, continúa asesorando al Comité Cívico de Potosí COMCIPO, ahora presidido por Roxana Graz, una docente universitaria que pareciera estar cortada por la misma tijera que su predecesor.
A pesar de que los argumentos económicos y políticos para adelantar la fecha del Censo no convienen al departamento de Potosí (lejos de ganar, perdería recursos y escaños en la Asamblea Plurinacional) y aunque el propio gobernador departamental y las principales organizaciones gremiales no se sumaron al paro general de Santa Cruz, COMCIPO mantuvo una total sintonía con todas las medidas y narrativas de la elite cruceña. El 12 de noviembre, día del “Cabildo Abierto” convocado por el Comité Cívico de Santa Cruz, COMCIPO difundió un comunicado oficial en el que declaró como “enemigo y traidor” al Presidente de Bolivia junto al alcalde y al gobernador de Potosí, y convocó a un nuevo paro de actividades “por el #Censo2023” y por la aprobación de la nueva Ley de Litio que –casualmente– la organización regionalista ya tenía elaborada para reemplazar la normativa existente.
¿En qué consiste ese proyecto regionalista elaborado bajo la supervisión del “experto en litio” Juan Carlos Zuleta? En primer lugar, en imponer a la empresa estatal YLB, que aún no logró inaugurar la producción de litio en gran escala, el pago de regalías móviles que llegarían hasta el 20% (cuando para el resto de la minería van del 3 al 7% del valor bruto de venta). En segundo lugar, permitir el ingreso de la inversión privada en la fase extractiva, bajo la presunción de que es esta “camisa de fuerza” y no la interrupción del golpe de Estado la principal causa de las demoras en la producción y exportación de litio boliviano. Parte del trabajo mediático de Zuleta es defender la presunta superioridad técnica de compañías norteamericanas como Lilac Solutions, frente a las empresas extractivas de China y de Rusia.
La estrategia político-mediática desplegada por la dirigencia regionalista de Santa Cruz y de Potosí contra el Estado Plurinacional de Bolivia muestra que en América Latina los discursos “federalistas” esgrimidos por las élites provinciales esconden proyectos separatistas profundamente anti-nacionales. Naturalmente, nada de esto niega las responsabilidades que tienen los partidos de gobierno en la evolución y resolución de las crisis, sobre todo cuando evidencian serias dificultades para procesar las diferencias internas sin degradar la gestión pública ni confundir a las propias bases sociales.
En tiempos de Túpac Amaru y Túpac Katari, las comunidades indígenas distinguían los combates internos que practicaban con violencia controlada (Tinku) de la guerra contra la Corona española, que debía ejercerse de manera unificada y sin concesiones. Sin negar las diferencias y tendencias comunes en todo frente democrático popular, los planes de desarrollo nacional deben servir para definir los proyectos estratégicos que deben quedar fuera del Tinku.
Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/censo-y-litio-en-bolivia/
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