Argentina: Deuda externa y ajuste fiscal

 Horacio Rovelli

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner dijo en su alocución y defensa de la causa vialidad, del 23 de agosto 2022, que los fiscales Luciani y Mola no se preguntan ni investigan que pasó con los 44.500 millones de dólares prestados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que desaparecieron como por arte de magia.

Deuda que fue tomada en forma arbitraria e inconstitucional, que incluso viola el Inciso a) del Artículo 6°del Convenio Constitutivo del FMI[1]  que obliga a la institución a realizar un monitoreo para ver el destino de los fondos y, no solo no se hizo, sino que se le prestó al gobierno de Cambiemos en plena corrida cambiaria, cuando el BCRA de esa gestión vendía sin límite las reservas internacionales, hecho que de por sí, tornaba más previsible que se endeudaba al país para posibilitar la fuga.

La deuda tomada con el FMI no fue autorizada por el Congreso de la Nación, como lo determina el Artículo 75 Inciso 4 de la Constitución Nacional que dice que es atribución del Congreso: “Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”.

El Presidente Alberto Fernández en la inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo de 2020, dijo: “Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Tanta mala fe de los tomadores del crédito y tanto desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un gobierno en la coyuntura, no puede ser visto como un caso más…”

Sin embargo, tras 33 meses de gobierno no se investigó la deuda, los organismos encargados de hacerlo gracias al secreto fiscal, bursátil y financiero no dan ninguna explicación y, entre mientras, se pagan los  intereses en base al presupuesto de la Administración Nacional.  Esto es, se hace un fuerte ajuste del gasto en jubilaciones y pensiones, en obra pública, en subsidio al transporte y a la energía, etc., para disponer de más fondos para pagar intereses de una deuda que no benefició a la población y que en forma mayoritaria se la apropió el 2% más ricos del país para fugar esos capitales en cuentas que tienen en el exterior.

Es más, con fecha 21 de mayo de 2020 el Banco Central (BCRA) publicó el Informe «Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” y demuestra que de la deuda tomada por la gestión de Cambiemos, la “fuga de capitales” del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares.

Ese Informe sostiene que en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos,  pero los 100 mayores adquirieron 24.679 millones de dólares

Ni el BCRA (que armó el listado), ni el gobierno nacional dieron a conocer los nombres de los que compraron las divisas en que se endeudaba el Tesoro de la Nación de la gestión de Cambiemos, pero sí lo hizo “El Cohete a la Luna” en una nota titulada “Los 100 de Macri”, del 24 de mayo de 2020 firmada por su director, Horacio Verbitsky, lista jamás desmentida por los interesados ni por el BCRA.

Entre esos grande fugadores están Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA (del grupo Midlin y Josep Lewis) con 903,9 millones de dólares[2]; Monsanto Argentina SA (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual Presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino); Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA, con Transportadora Gas del Norte y con Tecpetrol SA.

Asimismo, Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná); Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con las privatizaciones y concesiones del menemismo, que posee tres puertos propios (uno de ellos socio con la multinacional Bunge) en los 70 kilómetros del nodo portuario del Gran Rosario-Santa Fe que van desde Arroyo seco al sur hasta Timbués al norte de esa ciudad; y también están Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny[3];  el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.

Ninguna de las 100 empresas de la lista de los que compraron 24.679 millones de dólares, puede demostrar en sus estado contables de donde detrajeron los recursos para poder comprar la cantidad de dólares que realizaron entre los años 2016-2019, lo que supone delito de evasión fiscal y fuga de capitales para los compradores e incumplimiento de las leyes, incluida la de “lavado de activos” para los bancos, que le vendieron esos dólares del BCRA y no tomaron los recaudos del origen de los fondos.

Tampoco pueden demostrarlo en sus declaraciones juradas al fisco, las 100 personas que compraron 822 millones de dólares, entre ellos Néstor Ick de Santiago del Estero que compró 29 millones de dólares;  o el tucumano Emilio Luque que compró 17.800.000 dólares;  también los Eskenazis de YPF y del grupo Petersen;  Claudio Belocopit del Siwf Medical, Eduardo Gutiérrez de la Cámara Argentina de la Construcción nombrado en la alocución de la Vicepresidenta de la Nación porque se comunicó con José López cuando era Secretario de Obras Públicas, 177 veces en 3 años; o  los Werthein, socios de Blackrock en Pampa Energía; o de Mauricio Filiberti, socio de Vilas y Manzano en Edenor.

En síntesis, el gobierno de Alberto Fernández que no investigó la deuda, debe realizar permanentemente ajustes del gasto público para poder comprar las divisas para pagar los intereses de la deuda externa que, el gobierno de Cambiemos incrementó en 86.200 millones de dólares.

Ajuste fiscal

El presupuesto de la Administración Nacional para el corriente año 2022 determinado por el incremento del gasto del Decreto de Necesidad y Urgencia  331/22  del 22/07/2022, es de $ 16 billones de pesos, ante un PIB que el Ministerio de Economía prevé de $ 76,5 billones (el gasto total anual pasaba a ser del 20,9% del PIB) cuando fue del 24,43% (base caja) en el año 2021 y del 25,96% (devengado)  en el año 2020.[4]

Incluso antes de la estratificación de las tarifas públicas, se observa en el DNU 331/22 una reducción de los subsidios en términos del PBI de 2,3 % en 2021 al 1,7% en 2022.  Pero a ello, debe sumarse  la estimación del ajuste de la  Secretaria de Energía por  el ahorro fiscal por dicha estratificación que será de $ 47.500 millones para este año 2022 y de $ 455.000 millones de pesos en base anualizada para el año 2023 (0,6% del PIB).

A estas estimaciones se debe sumar la Decisión  Administrativa 826 del 22/08/2022 que disminuye el presupuesto vigente en  210.000 millones de pesos, mientras incrementa el gasto en  82.000 millones por incrementos salariales de la Administración Pública Nacional y empresas estatales (lo cual hace prever que puede haber un aumento salarial para los trabajadores estatales), dando como resultado un ajuste neto de  128.000 millones de pesos (un 0,8% del presupuesto 2022).

Mediante la DA 826/22 reduce los fondos disponibles en  50.000 millones para educación, en $ 10.000 millones para salud,  en $ 50.000 millones al programa de viviendas Procrear y $ 100.000 millones en otras obras pública y para desarrollo productivo.

Educación: Mediante la decisión administrativa 826/2022, detrajeron fondos:c$ 15.000 millones del dinero asignado al programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles” (obra pública), 30.000 millones al programa Conectar Igualdad (el que se ocupa de entregar netbooks a estudiantes y docentes de secundaria de escuelas públicas), aducen problema en la importación de los equipos y 5.000 millones para Infraestructura y equipamiento (gasto de capital)

 Salud:  Se reduce el presupuesto para el Ministerio de Salud en $ 10.000 millones en una partida que estaba destinada a la compra de productos farmacéuticos y medicinales, bajo el programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles y, para vacunas para el covid

Vivienda: Ajuste por $ 50.000 millones  en las transferencias destinadas al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. En particular, el ajuste total recayó en el programa Procrear (Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar). Más de tres millones de familias tienen graves problemas habitacionales y desde la asunción de Alberto Fernández sólo se construyeron 55.000 viviendas

 Oros ajustes: Abarca  ajuste en las partidas presupuestarias para los Ministerios de Transporte en $ 10.000 millones (donde se destaca el programa Transferencias a Gobiernos Municipales en – $ 4.076 millones); Obras Públicas en $ 20.000 millones, fundamentalmente en “Transferencias a Instituciones Provinciales y Municipales para Financiar Gastos de Capital (-$ 4.000 millones) y otros – $5.000 millones por Transferencias a Gobiernos Provinciales en la partida de “Recursos Hídricos”. También incluye $ 1.500 millones corresponden al Desarrollo de Infraestructura Ambiental cuando se lucha contra los incendios intencionales en el delta del Paraná.

A Desarrollo Productivo se le realiza un recorte de fondos por  $ 70.000 millones – de los cuales $ 50.000 millones corresponden a una menor partida para el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), seguido del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat por $ 20.000 millones.

La reducción del gasto está en línea con el compromiso adoptado con el FMI de ajuste del déficit fiscal por la vía de recortes nominales, aumento de tarifas y/o menores subsidios a la Energía y Transporte y menores gastos reales por la mayor inflación.   Así, las partidas que se recortan están vinculadas en una alta proporción a créditos vinculados a inversiones o gastos de capital en áreas como Educación y Salud, por transferencias a Provincias y Municipios, también en Educación y planes de vivienda.

Conclusión: La Administración Nacional, pese a tener una partida presupuestaria más baja desde el año 2002 (El gasto público total en el año 2022 va a ser menos del 20% del PIB), sigue realizando ajustes en las erogaciones, como es la Decisión Administrativa 826/22  que reduce el presupuesto nacional en $ 128.000 millones, suma que incluso es mayor a los $ 108.000 millones que representa el bono de  4.000 a $ 7.000 pesos (de unos 130 a 235 dólares al cambio libre) para los jubilados y pensionados  que perciben  hasta dos haberes mínimos (unas seis millones de personas), durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Notas

 [1]  Artículo 6to. Inciso a) … ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo

[2] En ambas empresas (Telefónica y Pampa Energía) Larry Fink titular del fondo  Blackrock, reconoce que tiene participación en su capital.

[3] Larry Fink  reconoce participación en el capital accionario  del Grupo Banco Galicia por un 18,8% del total.

[4] Devengado contempla todas las obligaciones, pagadas al cierre del ejercicio fiscal o no (adeudadas o pendientes de pago).

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).