Luvis Hochimín Pareja
Inflación, encarecimiento de la vida y pérdida de poder de compra de trabajadores y jubilados caracterizan el panorama económico y social de Uruguay, que sufre un gobierno de derechas que tienen una solo guión: la culpa de todo la tienen los tres gobiernos anteriores de la centroizquierda frenteamplista.
Pero la realidad muestra que hacía mucho tiempo que el país no sufría una crisis como la que se vive, en materia seguridad, de libertad de prensa, de salarios, de pobreza, de previsión social: la situación no da para más y las medidas impulsadas por el poder Ejecutivo son apenas parches que pretenden aliviar un contexto como si fuera coyuntural. Un país donde miles de personas en todo el país sólo tienen posibilidades de acceder a un plato de comida en las ollas populares solidarias.
El Instituto Nacional de Estadística informó de un acumulado en 12 meses (a marzo) del 9,38 por ciento del Índice de Precios al Consumo, más de dos puntos por encima del techo fijado por el Banco Central. Añadió que en 2021 el 10,6 por ciento de la población se encontró por debajo del nivel de pobreza y los valores más elevados se registraron entre los niños de seis a 12 años de edad con 19,4 por ciento y de cero a seis años con 18,6.
En los primeros cuatro meses del año se observó una caída en el consumo de 4% y un aumento de 6% en la facturación. Abril cerró con una fuerte caída en el volumen de ventas (-7%) y un elevado incremento en el precio promedio (+13,5%)”. El informe de consumo de Scanntech confirma que las variaciones en las distintas zonas del país muestran una caída generalizada en lo que va del año, con valores negativos en todas las regiones.
Desviando la atención de la crisis y de los problemas acuciantes de los ciudadanos, los medios hegemónicos se preocuparon prioritariamente de la separación del presidente Lacalle Pou y su esposa Loly Ponce de León y su eventual incidencia en el gobierno. No faltaron las bromas sobre que ni ella lo soportó más.
La inseguridad de cada día
Los homicidios están aumentando desde hace meses en Uruguay y causa alarma en la población, aunque el gobierno de la coalición de derecha encabezado por Luis Lacalle señale reiteradamente la caída del índice de violencia n el país. Es más, en una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, 83% de las personas consultadas opinó que la inseguridad ha aumentado o sigue igual. Heber tine un saldo negativo de -19% por su gestión.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, afirmó que la causa del problema es el aumento de la violencia en los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, y anunció que tenía un plan para hacerle frente a la situación.
Heber atribuyó el alza de homicidios a escasez de oferta de droga por cierre de bocas. «Mayores vacantes, más vehículos para el despliegue policial y alguna fiscalía más en materia de drogas, fue la fórmula que planteó Heber para hacerle frente al aumento de los homicidios
Lo novedoso es que el actual gobierno de derecha reconoce que los conflictos entre organizaciones delictivas son una causa importante de que haya más violencia. Cuando el exministro frenteamplista Eduardo Bonomi lo decía, los entonces opositores (hoy en el gobierno) solían opinar que se trataba de una excusa inaceptable.
No se debe olvidar que la cuestión de la seguridad pública fue priorizada en las campañas de los mayores partidos que hoy integran el gobierno, y sus promesas se centraron en el aumento del patrullaje en las calles, que obviamente no es el mejor modo de afrontar las causas del problema señaladas por Heber.
La seguridad depende en importante medida de la prevención, y esta no consiste apenas en vigilar los espacios públicos. Para algunos tipos de delito, multiplicar esa vigilancia sirve de poco: así sucede, por ejemplo, con la violencia doméstica, y también con los enfrentamientos entre personas asociadas para cometer delitos. Hay que actuar antes, como sucede en otros tipos de problema, advierte Marcelo Pereira en Ladiaria.
Libertad de prensa
Causó revuelo en Uruguay la presentación del (pretencioso) ranking mundial de libertad de prensa que elabora la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras: en relación con el del año pasado, la ubicación de Uruguay cayó del lugar 18 al 44, y de inmediato comenzaron discusiones políticas al respecto.
La ONG señaló que ahora se tienen en cuenta nuevos indicadores, como las dificultades para crear un medio de comunicación, el favoritismo en las subvenciones públicas, la influencia de los anunciantes y las presiones económicas vinculadas a los propietarios de los medios, cuando estos defienden sus intereses de negocio, lo que empeoró la calificación de Uruguay.
Si se acepta que el buen periodismo es necesario para aumentar la calidad de la democracia, la responsabilidad de hacerlo posible es de los uruguayos y no depende del informe de una ONG europea.
Obviamente, la independencia económica es un requisito para que la independencia periodística resulte viable. Asimismo, el informe alerta factores como la dificultad de acceso a la información, procesos judiciales e intimidaciones a periodistas de investigación, sobre todo por parte de actores políticos.
En lo referido a la libertad de prensa lo que más importa es que la sociedad sea capaz de analizar su situación, establecer metas, identificar dificultades y desarrollar políticas de Estado para avanzar. Cuando estas se limitan a la tontería superficial de que “la mejor ley de prensa es la que no existe”, el resultado sólo puede ser, como en cualquier otro terreno, contribuir por omisión a que se perpetúen las desigualdades y las dominaciones, señala Marcelo Pereira.
La riqueza y la previsión social
Es perturbador que, mientras la riqueza crece y los poderosos son cada vez más ricos, el gobierno plantee que la mayoría de las personas deben trabajar más años o recibir ingresos menores cuando ya no puedan trabajar. El financiamiento de retiros dignos con un mayor aporte de quienes más tienen enfrenta poderosas resistencias, y la ciudadanía suele estar poco dispuesta a que le impongan condiciones más duras.
El actual oficialismo –la coalición de derechas- reconoce que hay que reformar el sistema previsional, pero hay diferencias de enfoque entre sus integrantes, y el acuerdo preelectoral al respecto de la llamada “coalición multicolor” fue vago. El gobierno trabaja desde hace meses en la redacción de un proyecto, al que el presidente Luis Lacalle ubicó entre las prioridades inmediatas tras el referéndum, pero el panorama es complicado.
La perspectiva de que el centroizquierdista Frente Amplio (FA) no lo vote en el Congreso, llevó a que legisladores oficialistas declararan que, si la oposición no va a asumir la responsabilidad de aprobar normas impopulares, se podría dejar el asunto sin resolver, quizá a la espera de un próximo gobierno frenteamplista.
Sin duda es una manera de razonar llamativa, que quizá pueda tener algún impacto propagandístico (la culpa de todo la tienen los gres gobiernos anteriores del Frente Amplio, es la reiterada excusa del gobierno), aun sin entrar en consideraciones éticas.
La Constitución establece que sólo el Ejecutivo puede enviar al Parlamento proyectos sobre el asunto, y parece no tener sentido pedirle al FA que, antes de que haya uno, lo apoye o proponga una alternativa.
Pero volviendo a lo importante para la prensa (la separación del presidente y su esposa), es un asunto privado y no incide en el gobierno según el 47 por ciento de los encuestados, mientras que el 36 por ciento señala que sí incide, porque ella cumple tareas en el gobierno, El resto respondió a la encuesta de Caras y Caretas que no lo molestaran con nimiedades.
*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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