Por | 24/05/2022 | Colombia
Petro reconoció que está bajo un alto nivel de riesgo personal. En efecto, cuatro candidatos presidenciales han sido asesinados en Colombia desde 1980.
En la recta final para las elecciones presidenciales del 29 de mayo, una campaña de encuestas pagas intentan cambiar las preferencias mayoritarias de la población para con la candidatura del líder de la centroizquierda Gustavo Petro, mientras se infla la candidatura del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández para presentarlo como alternativa a la polarización entre el progresista y el ultraderechista Rodolfo Gutiérrez.
El temor de la derecha y el establishment es que Petro gane en la primera vuelta y no haya necesidad de balotaje para los 39 millones de ciudadanos que están habilitados para votar. Por eso es que varios analistas hablan de una posibilidad de golpe o de suspensión de los comicios con cualquier excusa prefabricada.
Petro reconoció que está bajo un alto nivel de riesgo personal: “Muchos de los candidatos presidenciales alternativos han sido asesinados, y yo soy el que más se ha acercado a ganar, de acuerdo a las encuestas”. Cuatro candidatos presidenciales han sido asesinados en Colombia desde 1980.
Mientras, en Cali y ante miles de sus seguidores, Petro denunció que sus detractores buscan sabotear los comicios con la intención de suspenderlos, en momentos en que las encuestas lo dan como amplio favorito. “Ya están conspirando en reuniones secretas para ver cómo se suspenden las elecciones, como se pueden pasar por encima de las más altas cortes de la justicia, para que no se produzca el día de la libertad… Ya se sienten derrotados”, afirmó.
«El pueblo libre debe tomarse la campaña electoral para lograr que aquel que aún no se haya definido, se defina por el cambio y no permita que las fórmulas autoritarias que han gobernado, sigan condenando el pueblo al hambre y la pobreza», señaló Petro.
A menos de 10 días de los comicios, la candidata por el partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, renunció a su claudicante aspiración presidencial y anunció su respaldo a Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. “Quiero hacer un llamado, primero a Sergio Fajardo (Coalición Centro Esperanza, hasta ahora tercero en discordia) y a todos los de la coalición. Esta es la única decisión que vale la pena tomar en este momento y no puede haber consideraciones de otro tipo, ni económicas ni jurídicas, solo lo que le conviene a Colombia”, dijo.
Los anuncios de todos los candidatos inundan las redes sociales y las emisiones y/o ediciones de los medios de comunicación tradicionales, en manos d grupos empresarios de derecha (radio, televisión, prensa escrita). En la última semana, y según encuestas pagas, Hernández disminuyó a seis los puntos porcentuales la diferencia en intención de voto con Gutiérrez, que continúa en segundo lugar. La apuesta es la de obligar a una segunda vuelta, donde lanzarían toda la artillería contra la candidatura popular.
Hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, dependiente de la OEA, mostró su preocupación por el aumento de la violencia en el marco de la campaña electoral e instó al Estado “ a incrementar sus esfuerzos destinados a transformar las causas en las que se sustentan las actividades de los grupos armados, en particular, implementar de manera práctica y efectiva las acciones previstas» en el Acuerdo de Paz”,
Son ocho candidaturas, a pesar de que la atracción la concentran solo dos, y otro par de aspiraciones aparece con menor intensidad, en el ejercicio formal de una democracia que se cimenta en una horripilante cifra de asesinatos de líderes sociales y comunitarios, así como de los firmantes de la paz pactada entre Gobierno y las FARC en 2016, desplazamientos, masacres y un clima social de violencia que cuestiona la esencia del propio régimen político colombiano.
Si en la primera vuelta ninguno de los candidatos obtiene la mayoría simple (la mitad más uno) de los votos válidos, tal como sugieren las encuestas, se celebrará una segunda vuelta el 19 de junio con los dos candidatos que más votos tengan. La foto actual indica que Petro se enfrentaría a Federico Gutiérrez o Rodolfo Hernández. Este es el tercer intento de Petro de llegar a la presidencia.
Siete de cada diez ciudadanos considera que en Colombia se violan de manera consuetudinaria y sistemática los derechos humanos, y que se le niega los derechos al trabajo, la vivienda, la seguridad social y la educación.
“Estamos ante todo un fenómeno de colonización ideológica, producto del cual el empobrecimiento, por ejemplo, termina asumido por un importante segmento de la población como el producto de incapacidades personales, de falta de malicia, de ausencia de esfuerzo, de carencia de inteligencia, entre otros factores totalmente irreales”, señala Calos Gutiérrez Márquez.
La responsabilidad del sistema, de la política económica y social priorizada por la clase social a cargo del gobierno desde dos siglos atrás, no aparece por parte alguna. En esas condiciones, el reclamo por el incumplimiento de los derechos sociales y económicos, así como ambientales y culturales, queda al margen de las condiciones para garantizar la concreción de una efectiva democracia, no solo liberal sino igualmente social.
Arremetida final
Tres encuestas publicadas esta semana calentaron una campaña que había permanecido relativamente estable y a poco más de una semana de la primera vuelta, el derechista Rodolfo Hernández, de 76 años, le dió un remezón a una elección que parecía cantada como un enfrentamiento entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez.
Encuestas financiadas por la derecha, intentan demostrar que el centroizquierdista Petro a la presidencia, en lo que sería el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, pone nerviosos a sectores empresariales porque, entre otras cosas, proyecta cobrar más impuestos a las personas de mayores ingresos para combatir la desigualdad y quiere distanciar al país del modelo extractivo de los combustibles fósiles.
Una de las encuestas, de principios de la semana, del Centro Nacional de Consultoría (CNC) fue pagada por una empresa privada, y otras dos fueron publicadas el jueves: una de CNC financiada por la revista derechista Semana, y otra de Invamer, pagada por Caracol TV y Blu Radio, en una ofensiva concertada contra la opción progresista.
Aunque estos sondeos tienen resultados bastante dispares, todas promocionan un salto en la intención de voto del derechista Rodolfo Hernández entre abril y mayo, que ha contratado al publicista argentino Angel Beccassino como estratega de su campaña. Las encuestas coinciden en que Petro y Gutiérrez no se han movido sustancialmente de sus posiciones y Sergio Fajardo, el candidato del llamado “centro” comenzó a desinflarse.
La derecha, que domina los medios hegemónicos de comunicación, estimula los ataques y denuncias en una campaña donde quieren imponer el imaginario colectivo la polarización entre Petro y Gutiérrez, construyendo un contexto enrarecido, donde han emergido casos de empresarios que han ejercido presiones indebidas sobre sus trabajadores para que se abstengan de votar por el candidato centroizquierdista.
La Misión de Observación Electoral ha calificado como “delictivo” este comportamiento. El ejemplo más notorio ha sido el de Sergio Araújo Castro, uno de los fundadores del Centro Democrático -actual partido del gobierno ultraderechista de Iván Duque-, junto al expresidente Álvaro Uribe.
Araujo aseguró en redes sociales que se propone despedir a los trabajadores de sus empresas que apoyan al candidato presidencial del Pacto Histórico, la variopinta coalición de izquierdas que ya obtuvo la mayor bancada en el Congreso en las legislativas de marzo. “Un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir”, amenazó.
Diversas voces –salvo el Centro Democrático- rechazaron vehementemente la amenaza de Araújo, señalando que esa conducta muy probablemente constituye el delito de constreñimiento al elector, contemplado en el código penal colombiano.
Pero no es el único caso: el gerente de una cooperativa que produce lácteos envíó una carta en la que, sin mencionarlo, usaba frases y colores de la campaña de Fico Gutiérrez, el candidato de la coalición de derechas, apoyado por el uribismo. O el discurso de un gerente de una empresa de cueros que dibujó a sus empleados un escenario catastrófico en caso de que Petro sea presidente.
El exnegociador de paz y hoy senador Humberto de la Calle, afirmó que “rompe la fibra de la dignidad que un empleador condicione contrato de trabajo al voto, cualquiera sea el candidato beneficiado”, y señaló que estas actitudes representan un degradación de la democracia. “No desean tener empleados sino siervos”, escribió en redes sociales.
Katherin Galindo, de la consultora Colombia Risk Analysis, señaló que ese tipo de episodios “acrecienta la brecha entre el sector empresarial y la sociedad, que siente que el empresariado desde una posición de privilegio no escucha el descontento social. Por el contrario, pareciera que busca limitar el voto libre para garantizar sus intereses”.
Asimismo, en la presentación de un nuevo informe de seguimiento a la alerta temprana en el marco del proceso electoral, la Defensoría del Pueblo advirtió un aumento del riesgo en varios municipios del país, principalmente por cuenta del incremento de las acciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del narcotraficante y paramilitar Clan del Golfo en las últimas semanas.
Por su parte, la CIDH advirtió por las violaciones humanitarias que se presentaron durante el Paro Armado decretado por el narcotraficante y paramilitar Clan del Golfo tras la extradición de Dairo Antonio Usuga, alias ‘Otoniel’, quien lideraba el grupo hasta octubre cuando fue capturado, y alertó por impactos particulares de la escalada de violencia “en comunidades rurales afrodescendientes, campesinas e indígenas”.
* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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