Rubén Armendáriz
El ex presidente Alberto Fernández manifestó su intención de quitarse la vida, luego que su esposa Fabiola Yáñez lo denunciara por violencia de género en el marco de una audiencia que indaga la intervención de presuntos intermediarios en contratos de pólizas entre organismos del Estado. No fue más que una manifestación del estado de ánimo de un mandatario “progre” de pésimo gobierno que dio pie al triunfo ultraderechista.
El repudio a la violencia de género llegó desde todos los espacios políticos. Desde el sector femenino de La Cámpora (sector kirchnerista del peronismo) acusaron a Fernández de haber ejercido violencia contra la expresidenta Cristina Kirchner. «Nos duele y nos subleva que banalice y burle banderas, premisas y conquistas que llevamos adelante los feminismos durante estos años. Sabemos que lo personal es político: machismo que se expresó en la vida privada y en la pública», puntualizaron.
Y agregaron: «No podemos no remitirnos a la violencia ejercida por él mismo contra Cristina, así como contra mujeres de su entorno cercano a quienes responsabilizó por situaciones que se le cuestionaron públicamente a él».
«Dado el perfil de Alberto Fernández, hombre varón cis que evidenció no poder asumir la conducción política de una mujer como Cristina Fernández, y que siempre se preocupó por saber si iba a estar herido en su masculinidad, tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género», señaló la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.
Según advirtió Yáñez en la acusación realizada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, se encuentra viviendo una situación de «terrorismo psicológico» y «acoso telefónico» y manifestó su deseo de instar la acción penal a pesar de que previamente lo había rechazado debido a amedrentamientos y solicitó que se dispongan medidas de protección que incluyan la prohibición de acercamiento.
«Lo denuncié porque me pegó, varias veces. Me golpeó, me pateó y me pegó en la cara». Ese relato, sin rodeos, escuchó el abogado Juan Pablo Fioribello de boca de Fabiola Yañez, al otro lado del teléfono y desde Madrid, poco después que Yañez denunciara a Alberto Fernández por violencia de género.
El juez Julián Ercolini, además de prohibirle a Fernández la salida del país, también le exigió que no se acerque a ella a menos de 500 metros y le prohibió cualquier tipo de contacto, incluso por medio de terceros.
El día anterior había publicado un comunicado en el que escribió que lo que denunció Yañez es falso y que aportará ante la justicia «las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió». En su entorno comentaron que estaba «muy angustiado», intentando preparar los argumentos judiciales y seguían insistiendo con que Yañez «venía con problemas».
El gobierno arremete
Ahora, el caso está en manos de la Justicia, mientras la ministra de Seguridad Patricia Bullrich prometió modificar la ley que indica que los delitos de violencia de género son de acción privada, para que se conviertan en delitos de acción pública. Al menos éste, claro. Del árbol caído, muchos quieren hacer leña.
El ultraderechista presidente Javier Milei utilizó la denuncia contra Alberto Fernández para justificar el desguace de las políticas de género, a las que calificó conmo “una estafa para hacer negocios”. “Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados”, afirmó en una carta publicada en X, sin nombrar al ex mandatario y apuntándole a quienes promueven políticas de Estado para prevenir la violencia contra las mujeres.
Hasta ahora, para el gobierno de Milei y sus ejércitos de trolls paraestatales, la violencia de género no existía con su particularidad. Quizá porque el lugar de “primera dama” lo ocupa su hermana y secretaria general del gobierno, Karina Milei, a falta de una titular.
Un día antes se había publicado el decreto presidencial que disolvía el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El vocero presidencial Manuel Adorni lo celebró con estas palabras: «Faltaba su muerte administrativa: mañana el INADI habrá dejado de existir para siempre.
Un estilo vengativo de ejercicio del poder, como si estuvieran librando una batalla cultural permanente contra el feminismo y todos los colectivos que pelean por la igualdad y la inclusión, que también los llevó a modificar todas las referencias oficiales a la violencia de género o violencia contra las mujeres por «violencia familiar».
El gobierno libertario eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual. Incluso, hasta mandaron a la hija del neoliberal exministro de Economía Domingo Cavallo -embajadora argentina ante la OEA- a pedir que se retiren las referencias a la violencia sexual en Haití de una resolución del organismo.
En Argentina se comete un femicidio cada 29 horas y ése es apenas el último eslabón de una larga cadena de violencias que suelen pasar inadvertidas o, peor aún, se descreen o se legitiman.
Contra eso luchan las feministas, protagonizando grandes movilizaciones. No puede sorprender el doble discurso de la derecha vernácula, que durante los últimos años se cansó de repetir que no existe la violencia de género, y se esforzó por hacer tendencia el hashtag #NiUnoMenos con el argumento de que la violencia no tiene género.
Mientras, Karina Milei y el super-asesor presidencial Santiago Caputo designaron a la reaccionaria abogada Úrsula Basset, supuesta experta en cuestiones de Familia, para que actúe como una interventora de hecho en la Cancillería, bajando línea a los diplomáticos contra la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Violencia de género, derecho al aborto y políticas antidiscriminatorias de la población LGTBIQ+ están en la mira de estos fundamentalistas de la derecha.
De golpe, los que gritan, hostigan y amenazan a las mujeres públicas, incluso intentaron asesinar a una expresidenta, a las que denuncian violencia, a las que son activistas feministas, resulta que ahora quieren investigar la violencia machista incluso cuando la víctima no quiera. ¿Delito de acción pública para que cualquiera pueda vulnerar la autonomía, la voluntad y la intimidad de las víctimas que siempre son las que son revictimizadas en los procesos judiciales?
Los reaccionarios de La Libertad Avanza de Milei, no reclaman que se haga justicia para Fabiola Yañez: se ensañan 
contra las feministas, contra sus reclamos y su historia de lucha. Mientras tanto, algunas feministas que fueron funcionarias y militantes del gobierno de Alberto Fernández, piden disculpas, prometen no volver a equivocarse, admiten de manera suspicaz que era previsible, encuentran en el pasado signos inequívocos de que esto sucedería… aunque la inmensa mayoría está estupefacta.
Los que hasta ayer se cansaron de burlarse y desechar las denuncias de miles de mujeres, ahora proponen que la intimidad de las mujeres sea pública aun contra de su decisión, y que el código penal sea aplicado en todos los casos en que terceras partes consideren que deba aplicarse, sin que la verdadera víctima tenga voz y voto.
*Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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