Nicolás Centurión
Del 7 al 9 de septiembre se realizó en Cali, Colombia, la “Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas: para la vida, la paz y el desarrollo” con el objetivo de replantear la política de drogas ante el fracaso de la estrategia punitiva impulsada por Estados Unidos.
La misma fue convocada por los presidentes de Colombia y México, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en un comunicado presidencial conjunto de noviembre de 2022 y reiterada por Petro en la Cumbre de la CELAC en Bruselas, en junio pasado.
Esta postura, como la tónica en general de la conferencia, apunta a cambiar la narrativa que se plantea desde Estados Unidos, poniendo en claro que la guerra contra el narcotráfico así como está planteada desde el expesidente Richard Nixon hasta el presente, ha fracasado.
Como dijo Petro : “Lo que yo propongo es tener una voz diferente y unificada, que defienda nuestras sociedades, nuestro futuro y nuestra historia. Y dejar de repetir un discurso fallido que ya fracasó”.
Los mandatarios de los dos países más golpeados por la violencia de los carteles coincidieron en la necesidad de desmilitarizar la política de drogas y privilegiar un enfoque de salud pública. “Lo fundamental para enfrentar el flagelo de la drogadicción y de la violencia está en atender las causas, con un nuevo criterio, no pensar solo en medidas coercitivas”, señaló López Obrador.
“Los enfoques punitivos tienen resultados limitados en cualquier campo y pensar que el derecho penal o un enfoque punitivo o la cárcel puede dar resultados más allá de los límites propios del castigo penal es un error frecuente de nuestras sociedades contemporáneas, alimentado por el fenómeno punitivo”,aseguró el ministro colombiano de Justicia, Néstor Osuna
Pero no “hay margen para actuar” en acabar con el enfoque punitivo, por lo que el gobierno colombiano cree que los esfuerzos de persecución deberían ir enfocados en los grandes líderes del narcotráfico y no en campesinos. El Documento Final de Santiago de Cali se adopta como una guía declarativa para los países participantes, que luego servirá de insumo en otros espacios e instancias internacionales. Propone los siguientes puntos:
- Cambiar el paradigma, a partir del reconocimiento del fracaso de la “guerra contra las drogas” impulsado por EEUU.
- Contener de manera integral el problema mundial de las drogas, así como las causas estructurales y primarias de desigualdad, pobreza, falta de oportunidades y violencia.
- Al recordarel valor de las convenciones internacionales en materia de estupefacientes (Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada en 1971, y el Convenio de Sustancias Sicotrópicas de 1971, entre otras), reconoce la necesidad de avanzar y reflexionar de forma colectiva en aspectos como la revalorización de las plantas de uso ancestral, la reducción de la oferta, los daños sociales y a la salud o la conservación ambiental.
- Analizar los acuerdos internacionales para ajustarlos a la política regional.
- Contrarrestar de forma integral el tráfico de drogas con principios de justicia, desarrollo y combate a la pobreza para dar oportunidad a la población (entre ellos, los jóvenes), fortalecer comunidades y buscar vías de consumo lícito.
Desmilitarizar la lucha contra las drogas - Identificar un nuevo paradigma que reduzca la demanda, con prevención universal, atención a la salud mental y a las adicciones.
- Crear un grupo de trabajo de seguimiento con todos los países de la región y crear una alianza regional antinarcóticos, sugerida por Bolivia.
La Declaración final establece una hoja de ruta en dos fases:
1) crear un grupo de seguimiento por parte de los estados miembro, ajustada a las realidades de cada país, para abordar el problema mundial de drogas. Dicho grupo tendrá su primera reunión en los últimos tres meses de 2023 y buscará llevar propuestas consensuadas ante instancias multilaterales, incluida la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (ONU) a realizarse en marzo de 2024;
2) Realizar una Cumbre Internacional sobre drogas con jefes y jefas de Estado en el marco de la Organización de la ONU, a celebrarse en 2025.
¿Y por casa cómo andamos?
Uruguay asistió a la conferencia pero hasta el momento las autoridades no han publicado ni comunicado nada al respecto de su participación ni los compromisos asumidos por el país.
Mientras tanto en Uruguay, el Ministro del Interior Luis Alberto Heber dio una entrevista para el semanario Búsqueda, que el medio títuló: “Heber, enojado con la Justicia por los narcos González Bica y Ricardito: en EEUU les dan cadena perpetua, acá una tobillera”
Las declaraciones de Heber son de la misma calaña de las declaraciones del presidente Luis Lacalle. Intentan calar en el terreno de lo afectivo: “si no sale el TLC con China, me frustro” “es un amigo” “ustedes me conocen”.
Heber apela a mostrarse como un funcionario que lo da todo pero que la justicia, los narcos e incluso la sociedad lo dejan solo blandiendo su espada ante el monstruo del narcotráfico. La realidad es otra cosa. Heber es un gran orador, décadas en el Parlamento le han dado una experticia verbal que eclipsa su pésima gestión.
Por el deceso de Jorge Larrañaga, pasó de ministro de Transporte y Obras Públicas a ministro del Interior de un día para el otro.
Las requisas de cocaína en Uruguay evolucionaron así: 756 kilos en 2018, 12.000 kilos en 2019, 2.000 kilos en 2020, 3.000 kilos en 2021 y 5.000 kilos en 2022. Que aumente la requisa no significa que sean números de buenos augurios, quizá lo contrario.
El periodista Gabriel Pereyra señaló que “ no se reconoce públicamente, pero algunas investigaciones policiales se encaminan a confirmar que grupos como los Camalas, que opera en (el barrio montevideano) Casavalle, están apoyados por el narcotraficante Sebastián Marset y que al menos una decena de homicidios pudieron ocurrir por encargo de éste para poner ´orden´en el barrio.
Y más adelante profundiza: “La producción de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia alcanzó el nivel récord de 2.000 toneladas anuales y con ello la necesidad de los grupos criminales de sacarse de encima la mercancía hacia lugares donde los precursores químicos para procesar la coca no estén tan controlados, donde hay bandas locales que pueden hacer el trabajo de custodia y donde el sistema político sigue adormecido.”
El fallecido comisario general Julio Guarteche planteaba hace algunos años el proceso por el que Uruguay estaba atravesando ante la mirada inerte de muchos políticos en el Parlamento:
-Procesos de feudalización (narcotráfico feudal en barrios periféricos).
– Sicariato.
– Ajustes de cuentas.
– Aumento de los homicidios.
– El nuevo narcotráfico (disfrazado de inversor, su acercamiento al sistema político y el lavado de activo)
-Sistema político que piensa que en Uruguay, no pasa nada, falta de política de estado e integral ( cero percepción compartida de la amenaza).
Lamentablemente a nada le ha errado. ¿Cuál es el próximo paso en la escalada de violencia? ¿Enfrentamiento directo contra la policía?, ¿atentados contra jueces, fiscales y/o periodistas?, ¿magnicidios?, ¿infiltración en los partidos políticos?, ¿bandas regionales en territorio nacional?
Tire, dispare e imagine que la realidad puede más.
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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