Nicolás Centurión
El presidente uruguayo Luis Lacalle no viajó a la 77 Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU) porque se fue de vacaciones con sus hijos por una semana con su custodia personal. En el medio surgieron denuncias de persecución a periodistas por parte de inteligencia del Estado, casos de corrupción en la policía y ahora saltó la ficha de que su guardaespaldas falsificaba documentos en la mismísima Torre Ejecutiva de Presidencia. Escándalos en continuado.
Alejandro Astesiano, jefe del equipo de custodia del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, fue detenido y el juez le impuso prisión preventiva por 30 días, como medida cautelar mientras continúa la investigación por falsificación de pasaportes rusos, a solicitud de la fiscal Gabriela Fosatti.
Al disponer que la audiencia por la que se imputó a Alejandro Astesiano fuera reservada y sin acceso a la prensa, el juez subrogante Matías Porciúncula privilegió el derecho del imputado al ocultamiento de su proceso sobre el derecho de la sociedad de conocer las alternativas del debate entre la acusación y la defensa del imputado, señala Alberto Grille, director de Caras y Caretas.
Astesiano se enteró que lo iban a detener 24 horas a su arribo a Uruguay, lo que le dio tiempo al ex custodio a borrar mensajes de su celular, sobre todo con su socio, el escribano Alejandro Gonzalez. Esto contradice las propias declaraciones de Lacalle.
Tras conocerse la información, el presidente realizó una conferencia de prensa, en la Torre Ejecutiva. “Tenemos la tranquilidad de consciencia sobre nuestra actitud. Si ustedes se sorprendieron con la noticia, ¡imagínense yo!”, dijo el mandatario.
Lo tildó como una persona “profesionalmente intachable”, a lo que el presidente del centroizquierdista Frente Amplio, Fernando Pereira, replicó diciendo que “El presidente le erró; un funcionario intachable no hace pasaportes falsos”. La oposición afirma que hay “responsabilidad política del gobierno” y que debe dar explicaciones, pero todavía no tiene claro “los pasos a seguir” dada la imposibilidad de convocar a Presidencia (sólo se les puede cursar invitaciones, que podría rechazar)
La coalición de centroizquierda también identificó posibles responsabilidades en el Ministerio del Interior y estudia la posibilidad de pedirles explicaciones a los jerarcas. Sectores del Frente Amplio consideran que eñ gobierno debe “tomar decisiones políticas por el fracaso” del ministro del Interior, ya que “ha demostrado no tener control de lo que sucede”.
El ministro del Interior Luis Alberto Heber dispuso una investigación de urgencia para establecer “quién o quiénes alteraron la información”; en la ficha no figura como antecedente penal que fue procesado sin prisión en 2002. Lacalle Pou “sospecha que pudo haber una maniobra de ocultamiento en la información».
Mientras, una delegación de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) se reunió el miércoles con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, para expresarle su preocupación por la decisión de la Justicia de impedir el ingreso a la prensa en la audiencia de formalización de Astesiano, y particularmente por la forma en la que esa resolución fue tomada y comunicada a la prensa. El juez subrogante de 35° turno, Matías Porciúncula, no declaró la reserva de la causa pero decidió impedir el ingreso de los periodistas.
Astesiano contaba con una veintena de indagatorias policiales desde 2003, por delitos tales como hurto, estafa, daño y apropiación indebida y continuaba desempeñándose en su cargo. Se presume que el jefe de la custodia presidencial integra una red dedicada a falsificar partidas de nacimiento de personas uruguayas fallecidas, a las que les asignaban hijos rusos que nunca tuvieron y así esas personas podían luego realizar otros trámites para la emisión de documentación uruguaya, como la cédula y el pasaporte.
Por el caso ya fueron acusadas tres personas que integrarían la red de Astesiano: dos ciudadanos rusos y un escribano uruguayo. Los delitos que se les imputan son asociación para delinquir y suposición de estado civil. Según la Fiscalía Penal de Flagrancia de 12º Turno, a cargo de Gabriela Fossati, que investiga el caso, “en principio cada uno tiene un rol distinto y había un concierto entre ellos”.
Si bien venía avanzando desde hacía varios meses, con denuncias que incluso llegan al consulado de Uruguay en Moscú, la investigación se precipitó el martes 21 cuando Roman Karpov, un ruso de 46 años que había llegado siete días antes, fue detenido al intentar sacar la cédula en Montevideo.
La fiscal dijo que todo esto es “muy complejo” y que la investigación le llevará al menos un año. La misma fue abierta en 2019 y archivada ese mismo año. Se reabrió en 2021 a partir de una denuncia hecha por la Asociación de compatriotas Rusos en México al consulado de Uruguay.
Modus operandi
La fiscal Gabriela ossati dijo que Astesiano «Tiene una situación de privilegio, es una persona que tiene toda la información de todas las personas del país. Ha estado junto al presidente de la nación y fíjese que ni siquiera el presidente de la nación imaginaba una situación de esta naturaleza. Tiene contactos con todos los políticos…».
El modus operandi era el siguiente: primero contactaban a los rusos, luego adulteraban sus partidas de nacimiento para que figuraran como “ciudadanos naturales” uruguayos y por último los acompañaban en el proceso de emisión de la cédula de identidad y el pasaporte. El escribano Álvaro Fernándezgestionaba las partidas, indicaba los pasos a seguir y oficiaba de gestor.
Alexey Slivaevintervenía como traductor y gestor: conseguía los clientes y acordaba los montos que luego repartiría con el escribano. Así, adulteraban partidas rusas originales, inscribiendo como hijos de uruguayos a ciudadanos rusos, y les indicaban cuándo debían presentarse en la Dirección Nacional de Identikficación.
El custodio de Lacalle aportaba los contactos con funcionarios públicos ubicados en puestos estratégicos que organizaban los trámites. La investigación comprobó que formaba parte del grupo al menos desde fines de agosto de 2021 y que incluso llegó a tener reuniones con los otros dos integrantes en su oficina del piso 4 de la Torre Ejecutiva de la Presidencia.
El gobierno del no sabe, no contesta.
Astesiano fue detenido el domingo 25 de setiembre por parte de la Policía, con orden de detención e incomunicación de la Fiscalía. Trabajó en la Jefatura de Policía de Montevideo en un grupo táctico de patrullaje. También estuvo en la dirección de Investigaciones y luego pasó a la Dirección Nacional de Identificación Civil. Después se fue de la Policía.
El Ministerio del Interior quiere ahora determinar las razones por las que Lacalle no fue notificado de los antecedentes de Astesiano. El ahora presidente lo conoció en 1999 y estuvo vinculado a la custodia de distintos candidatos presidenciales del Partido Nacional y de la familia Lacalle. Siguió en contacto para la campaña de su padre (Luis Lacalle Herrera) en 2004, y conformó un equipo con él –que es policía– en 2014.
Para 2019, Astesiano lo acompañó toda la campaña, y hasta ahora su sitio de trabajo era una oficina de la Torre Ejecutiva presidencial en Plaza Independencia. También tenía su lugar en la residencia de Suárez y Reyes, y donde la familia Lacalle Pou-Ponce de León lo requiera.
Consultado por la prensa en referencia a que Astesiano estaría vinculado a otros delitos desde el año 2003, Lacalle respondió: “No tiene antecedentes penales, y todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.
Sin embargo, el propio diario oficialista El País, reveló que Astesiano cuenta con un antecedente penal por el delito de estafa y que fue procesado sin prisión en el año 2002 y a su vez estuvo preso en 2013 en una cárcel del departamento de Maldonado.
“No le entrego lo más preciado que tengo, que es mi familia, a alguien que pudiera tener indicios de actuar fuera de la ley” expresó Lacalle. “El responsable último soy yo, siempre. Lo conocí en la campaña de 1999, le manejaba la seguridad a Sergio Abreu, (actual secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, Aladi), trabajó en la campaña de Lacalle Herrera en 2004 y 2009, y había un equipo conformado que trabajó conmigo en 2014”, sostuvo.
“Uno siempre está sujeto a equivocaciones, hay que reducir el margen de error. En este caso no afecta a la población, me afecta a mí y a mi familia”, remarcó Lacalle
La revista Caras y Caretas en agosto de 2020 publicó un informe con los antecedentes del Jefe de Seguridad de 
Lacalle Pou. Hoy señala que “Lacalle Pou se hace el tonto pero no lo es: conoce a Astesiano y también conocía sus antecedentes. El Presidente no es tan inocente como quiere aparecer (…)“y a ojos vista, los menospreció y además menospreció las denuncias de quienes lo advirtieron y lo denunciaron”.
A fines de 2020 se conoció la noticia de que se habían hackeado 84.000 pasaportes electrónicos y que se desconocía el alcance total de dicho ataque. Dicha noticia quedó resonando en el aire pero no se supo su desenlace. Hoy a la vista de los hechos puede que exista un punto de conexión con esta banda criminal y el hackeo a los datos de identificación civil.
Pasaporte al descreimiento
“Podrían ser cientos o miles”, dijo la fiscal Gabriela Fossatti sobre las partidas falsificadas para entregar pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos. Dos ciudadanos rusos y un escribano uruguayo fueron formalizados por modificar partidas de nacimiento uruguayas de personas fallecidas que adjudicaban hijos rusos que no existían. Se investiga rol de Alejandro Astesiano.
El consulado de México dio cuenta del delito. Según la fiscal, “en principio cada uno tiene un rol distinto y había un concierto entre ellos”. Los delitos que se les atribuyen son suposición de estado civil y asociación para delinquir.
Un reciente allanamiento realizado por investigadores de la Dirección de Inteligencia Policial encontró partidas de nacimiento falsas en la casa del custodio del presidente
Opacidad
No es el primer caso en el que el gobierno se ve envuelto en casos opacos: el del narcotraficante Sebastian Marset, también con pasaportes; la esposa de un ministro involucrada en la trama Odebrecht en lavado de dinero; un senador que no da su declaración jurada de manera completa y su esposa, hija de un magnate ruso tampoco lo hace, y la renuncia del Ministro de Turismo investigado en tramas de corrupción.
Asimismo, la entrega del puerto por 60 años a una multinacional belga ha sido opaco. Súmese el nombramiento de un funcionario en la embajada de Argentina con antecedentes por contrabando, la vigilancia y seguimiento a un periodista por parte un alto funcionario del Ministerio del Interior y la lista sigue…
Por si faltaba algo, el segundo al mando de Astesiano es el policía Jorge Luis Borges, que se desempeñaba en las áreas de Investigaciones de la jefatura de Montevideo. Era integrante de un grupo de policías indagados por diversos delitos como extorsión, privación de libertad y coimas.
Otro policía que integra la custodia y que suele estar en la residencia presidencial es Pablo Martín Valenzuela, quien también se desempeñó en Áreas de Investigaciones de la Jefatura de Montevideo.
Valenzuela fue removido de ese puesto luego de un confuso incidente en que una cámara de seguridad de un comercio registró el ingreso de dos rapiñeros y en un momento se ve a Valenzuela metiéndose algo en sus bolsillos, en tanto otros compañeros fueron indagados por haberse quedado con dinero del robo. Valenzuela estuvo indagado varias veces por violencia doméstica.
¿También se va a enterar por la prensa sobre ésto el presidente Lacalle?
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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