Nicolás Centurión
Una nueva rendición de cuentas (re)confirma por enésima vez el carácter regresivo del gobierno neoliberal encabezado por Luis Lacalle. Salvo en las exportaciones, – de las que aún se espera por su efecto derrame- el resto de áreas del Estado han sufrido recortes, vaciamientos o desfinanciación.
Estamos hablando de áreas sensibles como OSE, encargada del agua potable; de UTE, la estatal de energía eléctrica, de la salud, tan ponderada en pandemia y tan recortada luego de que los flashes y las cámaras apuntaran hacia otro lado. Incluso dentro de la propia policía el ajuste llegó, a pesar de ser uno de los caballos de batalla de campaña del actual gobierno. El sindicato en varios departamentos reclama aumento salarial, porque de arengas televisivas y mano dura no vive la gente.
Nuevamente es el turno de la educación. De los 100 millones de dólares en recortes desde que inició este gobierno, ahora el ajuste vuelve en la rendición de cuentas. “Están recortando el futuro”, alertó la Federación Nacional de Profesores (Fenapes).
A esto se agrega el artículo 431 de la Rendición de Cuentas, que elimina el adicional del pago del Fondo de Solidaridad, que se destina a la Universidad de la República (Udelar). Se desoyó a la institución en su pedido de aumento. Es una reducción permanente, para todos los años, del orden de 15 millones de dólares
La Udelar, única institución pública terciaria y universitaria, recibirá 0% de presupuesto, tendrá que campear lo que queda de este período de gobierno como pueda. En ella se desarrolla el 80% de la investigación científica del país, fundamental para paliar la pandemia y para el desarrollo del país en general.
El gobierno anunció que la ciencia recibirá un aumento de 26 millones de dólares. Cifra que por la propia comunidad científica fue estimada como insuficiente. Al revisar los artículos de la rendición de cuentas disponibles en la página web del gobierno, constataron que el aumento en realidad era de 0,0006% del PBI, es decir unos cuatro millones de dólares.
En dos años le recortaron a la Udelar un 5.9% de su presupuesto y ahora las autoridades declaran que tendrá un incremento de cero. Interesante oxímoron, muy usado por los neoliberales. Además del error estratégico de cualquier nación para su desarrollo, deja en evidencia el proyecto de país que quiere el gobierno de Lacalle Pou: educación sólo para los ricos.
El discurso del presidente siempre versa sobre lo moderno, el futuro, el avance. Habla de “subirnos al tren de los países desarrollados, abrirnos al mundo, liberalizar la economía, que vengan los capitales privados y así el país crecerá”.
Ese es el discurso, el relato. Ahora vienen los hechos. Es verdad que se ha liberalizado la economía. Se cree en la teoría del derrame, pero lo único que ha crecido en Uruguay son las exportaciones de los grandes productores de materias primas. Seguimos siendo, en el concierto internacional, un país de productos primarios a merced del vaivén del precio de las commodities. Soja, lana, carne, madera, por ejemplo.
Entonces, ¿dónde queda ese país moderno, de avanzada? Porque si algo ha tenido el gobierno del padre de Lacalle Pou (Luis Lacalle Herrera) y él mismo, es hablar de futuro y modernidad. ¿Dónde queda el futuro cuando se le da 0 peso a la educación terciaria universitaria y todo lo que ello implica?
El Presidente Lacalle defendió proyecto de Rendición de Cuentas y dijo que atiende necesidad educativa no con «dinero frío sino con dinero humano».
Quitar del medio la ley de medios
Este proyecto de país es para algunos pocos y deja a mucha gente afuera, y solo cierra con garrote y represión, pero antes de esta etapa es necesario saltar el cerco mediático, que a esta altura ya es un dique de contención. Por eso se pretende modificar la ley de medios, brindándole regalías a los canales privados de comunicación.
Los corrillos palaciegos dicen que esta ley tiene nombre y apellido. Es más conocida como Ley Romay, en referencia al dueño de canal 4 y miembro de una de las familias oligarcas de Uruguay.
De aprobarse las disposiciones contenidas en la rendición, volvería a quedar vigente la posibilidad de establecer sanciones a las emisoras por “perturbar la tranquilidad pública” o “menoscabar la moral y las buenas costumbres”, normativa establecida por la dictadura (1973-1985).
La iniciativa del Ejecutivo propone derogar toda la normativa anticoncentración mediática dispuesta por la ley de medios. Esta establece que una persona física o jurídica privada no puede ser beneficiada con la titularidad, total o parcial, de más de tres autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta de radio o televisión.
El gobierno también propone derogar los mecanismos de asignación de frecuencias de radio y televisión que establecía la ley de medios anterior, que si bien mantenían la decisión final en manos del Poder Ejecutivo, incorporaban concursos y procedimientos transparentes. Estos se eliminarían y el otorgamiento de frecuencias volvería a ser potestad discrecional del Ejecutivo, sin asesoramiento previo más que el de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec).
Además, se deroga una disposición que generaba perjuicios económicos a los medios, como el pago de canon y precio por uso de espectro, si bien esta nunca llegó a aplicarse. Asimismo, se elimina el Consejo de Comunicación Audiovisual y los procedimientos administrativos y judiciales para que los ciudadanos hagan valer sus derechos, entre otros a la no discriminación y a la no exhibición de violencia excesiva dentro del horario de protección al menor.
La desigualdad no para y los precios siguen al alza. La inflación reporta un 10.9% en alimentos, 8% en vestimenta, 7.2% en vivienda, 8.1% en hogar, 8.5% en salud y 13.6% en transporte. Por esta razón- y muchas otras más- es que la central única de trabajadores PIT-CNT , realizó este jueves 7 de julio un paro general parcial con movilización desde Plaza Independencia y concentración en el Palacio Legislativo, bajo la consigna: “Con el pueblo. Por nuestros derechos, contra el ajuste regresivo”.
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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