Eduardo Camín
El informe anual más reciente del Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF), publicado el 22 junio, destaca que el diálogo y la cooperación constantes entre asociados han ayudado a los países en desarrollo y los países menos adelantados (PMA) a fortalecer su capacidad en materia de inocuidad de los alimentos y sanidad animal y vegetal, así como a facilitar un comercio seguro, pese a la pandemia actual.
Pero detrás del discurso, nos envuelven acciones, tal vez aparezcan desconectadas entre sí, pero en realidad, el hilo conductor que las conduce es el comportamiento neoliberal de las políticas economías. Los pretextos son variados, y múltiples pero el terreno germina, para la utilización “inteligente” de los instrumentos generados por estos organismos, que nos dirigen hacia las prácticas neoliberales más salvajes.
De hecho, el STDF surgió de un comunicado conjunto de los jefes ejecutivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS )y la Organización Mundial de Comercio (OMC), en la Conferencia Ministerial de Doha, celebrada en noviembre de 2001
El STDF es considerado una asociación mundial que “ayuda a los países en desarrollo” a cumplir las normas internacionales y obtener acceso a los mercados, de conformidad con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la OMC, que estable un principio que responde a la evolución de las necesidades, impulsa el comercio inclusivo y contribuye al crecimiento económico sostenible, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza, en apoyo de los Objetivos Mundiales de Naciones Unidas.
Este fortalecimiento de la colaboración con las organizaciones internacionales y regionales, los asociados para el desarrollo y los países beneficiarios -a nivel internacional, regional y nacional- permitió al STDF seguir ejecutando y aprendiendo de proyectos innovadores, impulsando mejoras sanitarias y fitosanitarias sostenibles (MSF) en los países en desarrollo y los países menos adelantados. Eso es lo que nos señala el informe.
En respuesta a las continuas interrupciones causadas por la Covid-19, el STDF promovió una mayor cooperación y comunicación entre los asociados, incluso mediante el uso de herramientas digitales para organizar eventos, compartir productos de conocimientos y realizar encuestas para comprender los problemas actuales.
«El fortalecimiento de la capacidad sanitaria y fitosanitaria no sólo es fundamental para que los países en desarrollo puedan recuperarse de las perturbaciones y seguir participando en el sistema mundial de comercio, sino también para ser más resistentes a futuros brotes de plagas y enfermedades», dijo Melvin Spreij, Jefe del STDF. «El STDF está aquí para conectar a las partes interesadas e innovar, aprender y catalizar mejoras sanitarias y fitosanitarias para facilitar el comercio seguro en todo el mundo».
El último Informe anual, que abarca las actividades del STDF en 2021, ofrece instantáneas de los proyectos apoyados por el STDF y las subvenciones para la preparación de proyectos sobre la reducción de la contaminación por aflatoxinas en el maíz en Burkina Faso para reducir los rechazos fronterizos, mejorar los controles fitosanitarios.
Asimismo, contiene instantáneas para impulsar las exportaciones de flores de Uganda y promover soluciones informáticas para la vigilancia y la presentación de informes sobre plagas en Asia y el Pacífico, la promoción del uso de bioplaguicidas en Asia, África y América Latina para facilitar el comercio, dando prioridad a las inversiones sanitarias y fitosanitarias en el Caribe y el Ecuador, y fortaleciendo la inocuidad y la calidad de las especias de Sri Lanka para la exportación.
El neoliberalismo mueve sus piezas
Es cierto que, los países en desarrollo se ven obligados a mejorar su capacidad sanitaria y fitosanitaria a fin de impulsar las exportaciones agroalimentarias y apoyar otros objetivos de política pública. Sin embargo, los recursos puestos a disposición por los donantes y con cargo al presupuesto público no alcanzan para satisfacer todas las necesidades identificadas, por lo que se ven en la difícil situación de tener que elegir entre opciones de inversión que compiten entre sí en el ámbito sanitario y fitosanitario.
Muchos países en desarrollo tendrían que cubrir varias necesidades de capacidad sanitaria y fitosanitaria para alcanzar sus objetivos de política interna y de promoción de productos agroalimentarios para la exportación. Los recursos disponibles, del presupuesto nacional o de donantes suelen ser insuficientes para satisfacer todas estas necesidades y se tienen que establecer prioridades.
Los gobiernos de algunos países desarrollados y en desarrollo han utilizado métodos de análisis económico (por ejemplo, análisis de costos y beneficios, o de costos y eficacia) para evaluar los costos y el interés de distintas opciones de inversión para mejorar la calidad de los alimentos en el país (inocuidad) o las condiciones de sanidad animal y preservación de los vegetales.
En general, se ha demostrado que se pueden reducir de forma significativa los costos y/o mejorar mucho la rentabilidad de las inversiones, y ésto ha convencido a las haciendas públicas nacionales y a los donantes de la importancia y el valor de invertir en creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria.
Sin dudas vivimos en un contexto de cambios sociales y de revisión de los modelos de bienestar social, en el que se están produciendo transformaciones importantes tanto en la manera de entender el papel de las administraciones públicas y las entidades privadas en la producción del bienestar, como en las fórmulas e instrumentos jurídicos que se usan para instrumentar dicha colaboración.
En ella participan entidades públicas y privadas asociadas a los proyectos incluidas: organismos gubernamentales de países en desarrollo, organizaciones regionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG), universidades y centros de investigación, asociaciones sectoriales y empresas del sector privado.
Llevamos cuatro décadas, avanzando sin miramientos hacia la liberalización de los servicios, lo que se ha extendido progresivamente a todas las áreas de producción económica y consumo, alcanzando también al ámbito social. Cada vez más se instala la noción de un mercado interior abierto y competitivo, la mejora y eficiencia de los servicios, y que los servicios de interés general más asequibles.
A la liberalización se asocian normalmente los conceptos de comercialización, gestión eficiente, competencia, desregulación y profesionalización. En el ámbito social esto se traduce en la sustitución del principio tradicional de “solidaridad” por el de “compra”, que se materializa en la generalización de los sistemas de contratación pública (compra de servicios) y la introducción del criterio del “precio” como elemento determinante en su adjudicación.
La liberalización conlleva la introducción generalizada del sector mercantil en la provisión de servicios, también los de ámbito social. Las empresas mercantiles compiten de modo creciente con las entidades del Tercer Sector que se sitúan en desventaja, por su limitada capacidad de generar economías de escala.
Además, aquellos servicios de más volumen han de abrirse a los operadores internacionales, pues en un contexto de mercado único tienen derecho a concurrir a la prestación de los mismos. Como consecuencia de esta tendencia, cada vez más entidades mercantiles y organizaciones sin ánimo de lucro operan en la provisión de servicios sociales, aunque el peso de su presencia es diferente de acuerdo al sector de actividad.
Cada vez son más comunes las fórmulas de financiación pública de servicios que se basan en el “pago por resultados” en contraposición al pago por actividades o servicios. Además, la evaluación de la satisfacción por parte de los clientes/consumidores cobra cada vez más peso. Las administraciones más avanzadas condicionan determinadas decisiones sobre la financiación de los servicios a la valoración que se hace de ellos. Hay muchas fórmulas que se están ensayando de pago por resultados.
En el ámbito privado podemos poner como ejemplo de pago por resultados a los “Bonos de Impacto Social”, que buscan soluciones innovadoras a viejos o nuevos problemas y requieren de la participación de varios actores: un inversor que pone el capital inicial, una administración pública que paga el bono en función del resultado obtenido, una entidad o varias que implementan (normalmente sin ánimo de lucro) y otros actores que evalúan.
Un análisis necesario
Una mirada atenta sobre el acontecer de América Latina, pone de manifiesto rápidamente que existe en el actual proyecto de globalización una batalla por la redistribución del mundo en el terreno económico, productivo y financiero. La aventura económica de nuestra América en particular proporcionada por los atajos del gran capital y aceptada por mediaciones externas se convierte en una nefasta distracción.
Frente a la distracción capaz de enfrascarnos en la aventura pauperizarte y excluyente, preferimos recorrer el camino del análisis tratando de aportar el conocimiento de los debates a espaldas de los pueblos . Hoy,la gran mayoría de los países latinoamericanos recorre los senderos trazados por las instituciones internacionales, pero en virtud de la inquietud que origina a nivel mundial estas políticas económicas y el libre comercio deberían interpelarse sobre sus consecuencias sociales.
La desigualdad y la pobreza deben ser analizadas en el marco del orden mundial que las produce. La globalización neoliberal, consolidada desde la posguerra y transformada en una ola avasalladora a partir del colapso del bloque soviético y la expansión de las tecnologías de la información, se ha transformado en el régimen económico hegemónico. Sus consecuencias sociales merecen un examen profundo que abarque la propia lógica capitalista.
Ahora, esta cuestión de la propiedad es ya el lugar de un debate muy vivo, que trata sobre el o los bienes comunes, pero también sobre la cuestión de los servicios públicos, su defensa y su redefinición.
Frente al embate y el descontrol de las políticas neoliberales que durante cuatro décadas conspiraron contra la legislación laboral, frente al desmantelamiento de los sectores públicos – escuela, salud, transporte-, frente al poder de los actores jurídicos y políticos que son sus agentes –Estados nacionales, construcción de mercados, tratados internacionales, instituciones financieras y políticas mundiales, etc.– y al acaparamiento capitalista de la naturaleza, parece urgente volver a explorar las vías de una alternativa, partiendo de las disputas que en él se encuentran.
En el plano estratégico, la cuestión de la propiedad sigue siendo, por tanto, crucial a sus ojos, a condición de considerarla no como una forma estrictamente jurídica, sino como una palanca política y como un gradiente de desarrollo individual: tal reflexión en términos de formas y dinámicas contradictorias, enraizadas en condiciones siempre concretas y que implican la creciente conciencia de los actores de la transformación política y social, sigue siendo muy actual.
A ello se suma el hecho de que, en el marco del capitalismo contemporáneo, los derechos de propiedad presentan nuevos desafíos que conducen, en particular, a la inflación sin precedentes de las patentes y al control de los derechos de propiedad intelectual, en beneficio exclusivo de las grandes empresas transnacionales que se apoderan de lo vivo, de la inteligencia colectiva y de la actividad social en general. Las ganancias generadas por las vacunas contra la covid-19 son inseparables de las barreras impuestas a su acceso gratuito y universal en todo el mundo.
Este relato de la modernización e integración termina por establecer una relación entre el mayor grado de competencia internacional y ritmos de crecimiento El resultado es un excelente ardid para promover la 
integración que se torna viable por el nivel de homogeneidad que lograron tener los sectores exteriores de los países latinoamericanos que han seguido la recomendaciones previas, fondomonetaristas , banca mundial, entre otros.
De esta forma ,América latina quedaría integrada a partir de su capacidad de adecuar sus exportaciones a las demandas que establece el mercado mundial. Es decir un proceso de internacionalización por vía de las multinacionales o de la mano de la globalización mundial por la transnacionalización productiva.
No obstante, la dependencia, el subdesarrollo, el desempleo, la marginalidad, el analfabetismo y la pobreza no son lacras del pasado, como algunos pretenden soslayar. En realidad ,la fragilidad de las economías sometidas a los vaivenes del gran capital, continúan amenazando una gran parte de nuestros pueblos.
*Periodista uruguayo acreditado en la ONU- Ginebra .Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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