Nicolás Centurión
La Operación Océano, la investigación penal de explotación sexual adolescente más densa de la historia uruguaya, va llegando a su fin: de las 37 personas investigadas, 11 van a juicio oral y público, y nueve fueron condenadas por juicio abreviado. Entre los detenidos figura un argentino de 63 años, director de un colegio en la balnearia Punta del Este. Además, hubo 13 sobreseimientos y cuatro investigaciones fueron archivadas. Todos ellos mayores de edad y con poder.
Desde 2019 se investigó a 33 personas por denuncias de abuso sexual conectadas entre sí que finalmente terminaron desplegando una red de 20 víctimas en los meses siguientes, siendo uno de los mayores procesos judiciales del Uruguay. Asfixia, actos sadomasoquistas y amenazas fueron alguna de las prácticas a las que refiere la acusación contra los 11 imputados.
Las víctimas de los abusos sexuales tenían entre 13 y 17 años y fueron sometidas por varones que tienen entre 50 y 60 años a múltiples violencias. Las víctimas presentan distintas situaciones de vulnerabilidad, que incluyen hechos de violencia desde la infancia hasta vivir en amparo del Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay (INAU).
El perfil de los victimarios demostró que estos delitos fueron cometidos por personas con poder, buen estatus socioeconómico y una vida pública como “padres de familia”. Varios policías fueron investigados por irregularidades en el manejo de la evidencia del caso, tras una denuncia del Ministerio del Interior.
Algunos de los imputados se ofrecían como “sugar daddy” y los encuentros se daban, en general, en distintos hoteles de alta rotatividad. A las víctimas les planteaban explícitamente que les darían dinero a cambio de prácticas sexuales y negociaban; varios les decían a las adolescentes que estaban casados y acordaban “discreción”.
Que una persona de menos de 18 años tenga una vida sexual activa con sus pares no significa que no configure explotación cuando hay un hombre mayor de edad, a veces incluso del doble de su edad, involucrado. Desde el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de la Niñez y la Adolescencia (Conapees) aseguran que esta justificación legitima el accionar de los explotadores y colabora a que estas tramas delictivas se sostengan con impunidad.
Los organismos internacionales señalan que hay varios factores que impiden la denuncia. Los explotadores suelen estar en posiciones de poder, las víctimas no tienen forma de acceder a los mecanismos estatales de ayuda, orientación o denuncia, no hay redes de contención o el explotador utiliza el miedo y la violencia para que no se le denuncie.
En junio de 2020 la fiscal Darviña Viera formalizó a dieciséis hombres por delitos vinculados a la explotación sexual de menores. Los imputados se contactaban con las víctimas a través de la página de avisos clasificados Locanto: «En este sitio web es habitual que se publiquen avisos de índole sexual comercial. Esta página ha sido utilizada por varios de los involucrados en esta operación», señaló la Fiscalía. Hubo también contactos concretados mediante Tinder, Badoo y WhatsApp.
La investigación fue llevada adelante por la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 5º turno, a cargo de la fiscal Mariana Alfaro, que tomó la causa luego de que su antecesora, la fiscal Darviña Viera, dejara el caso por razones de salud, tras liderar gran parte de la investigación. La acusación fue presentada por Alfaro en el juzgado penal a cargo de la jueza María Noel Tonarelli.
Lejos de llegar a su fin, la Operación Océano seguirá siendo noticia por varios años más. Esta megacausa ha generado posturas que parecen antagónicas: están los que la consideran una especie de causa nacional y miran mal a quién se atreva a cuestionar la investigación por la connotación que tiene y porque involucra a “hombres poderosos” y del otro lado quienes sostienen que se cometieron todo tipo de abusos en pos de encerrar a los victimarios.
Entre los imputados está Washington Balliva, exjuez de menores, y Nicolás Ortíz, diputado suplente del 
Partido Colorado, integrante de la coalición de gobierno del presidente Luis Lacalle. El exjuez de menores tenía 63 años cuando comenzó a tener contacto con una de las víctimas, de 15 años, sometida a la violencia y la extrema vulnerabilidad desde la infancia: durante tres años, la explotó sexualmente.
En la acusación se detalla que en una de las instancias que Ortiz explotó adolescentes les planteó a dos de ellas que no tenía dinero para tener sexo con ambas y por eso les pagó con cristales (metanfetaminas). Fue con las adolescentes a comprar la droga y una de ellas le dijo que tenía 16 años cuando eso ocurrió, pero no desistió de seguir ofreciéndole plata a cambio de sexo varias veces.
El fiscal de Corte, Juan Gómez, afirmó que de esas 33 hay 20 que verán su situación resuelta en el Poder Judicial debido a que recibirán condenas o tramitarán un juicio oral y público como es el caso de los once imputados.
La acusación de la fiscal Alfaro incluye relatos como que en el año 2015 uno de los hombres imputados se contactó a través del portal Tinder con una chica de 15 años y le ofreció dinero a cambio actos sexuales que incluían actos de sadomasoquismo.
“Las prácticas que realizaba el imputado respecto de la víctima consistían en apretarle el cuerpo al punto de asfixiarla, darle fustazos en los genitales, así como en todo el cuerpo. Para esas prácticas utilizaba látigos, vibradores, fustas, juguetes sexuales”, según la acusación. Otra de las acusaciones menciona que el hombre creó un grupo de Whatsapp llamado “el tío y las sobrinitas” con dos adolescentes y se concretaron encuentros para mantener relaciones sexuales por allí.
Además, otro de los hombres habría mantenido un vínculo con una joven de 16 años que vivía en un hogar de amparo del INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay). En esa acusación la fiscal asegura que el hombre mantuvo relaciones con la menor durante tres días, le dio 500 pesos (unos 10 dólares) y la dejó en una plaza.
Uno de los once imputados atraviesa un juicio por difundir material pornográfico que incluyen imágenes de personas menores de edad, además de haber protagonizado casos de explotación sexual de adolescentes, según indica el documento de la acusación.
La fiscalía señaló que en algunos de los casos, pasaban a buscar a las víctimas por el colegio secundario. Todos los imputados eran conscientes de que se trataba de menores. Hubo imputados que pidieron fotos de la cédula de las adolescentes, como es el caso de uno de ellos que le pidió la documentación a una víctima de 14 años, que le dijo que tenía todo en lo de su mamá y aún así avanzó en la vinculación, llegando a plantearle el ingreso mensual que podría tener.
Algunos imputados confirmaron que las víctimas eran menores de edad porque ellas se lo dijeron, y aún así no desistieron, ni siquiera los que sabían que vivían en hogares de amparo del INAU y que aceptaban ser explotadas “para tener para comer y dónde dormir”. Otra de las víctimas sólo mantuvo relaciones sexuales en su vida con uno de los imputados, sometida luego de atravesar una situación de vulnerabilidad extrema.
Otra polémica se desató esta semana. El fiscal Raul Iglesias a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales asumió el 9 de mayo al frente de la Fiscalía que hasta entonces estaba a cargo de Sylvia Lovesio. Esta Fiscalía, entre otros casos, investiga la denuncia de una violación grupal en el barrio Cordón en enero de este año. Iglesias archivó 300 causas de un plumazo.
La Intersocial Feminista se pronunció al respecto y solicitó una audiencia al fiscal de Corte Juan Gómez, quien pidió información al Departamento de Políticas Públicas de Fiscalía acerca del archivo de estas causas.
El Fiscal desató una maratón de su persona por todo tipo de medio de comunicación. Bastante llamativo por cierto. Un Iglesias que también se ha encargado de realizar críticas al fiscal interino de la Nación, Juan Gómez y a periodistas: “Y me gustaría que algún periodista que anda diciendo determinadas cosas por ahí venga y me lo diga en la cara. […] No voy a dar nombres, ellos saben muy bien quiénes son. Estoy en Uruguay 1125, que vengan y me lo digan en la cara”.
Con esas palabras, el fiscal especializado en delitos sexuales, Raúl Iglesias, finalizaba su entrevista en el programa radial En Perspectiva.
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE
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